12 de noviembre de 2017
12.11.2017

El dueño de los perros de Covelo se enfrentará a entre 1 y 3 años de cárcel si se confirma el delito de lesiones

Además existen las cargas de la responsabilidad civil y sanciones administrativas

12.11.2017 | 13:34
Investigación del ataque. // Anxo Gutiérrez

El dueño de los perros que atacaron a una mujer de 82 años en el municipio pontevedrés de Covelo se puede enfrentar a entre uno y tres años de cárcel si el juzgado decide confirmar que lo investiga por un delito de lesiones por imprudencia.

Con casi toda probabilidad, la vía penal seguirá adelante en los juzgados de Ponteareas ante la gravedad de las lesiones causadas, según ha explicado a Europa Press el abogado compostelano Evaristo Nogueira.

De hecho, la propia Guardia Civil, al margen de las diligencias administrativas --por no contar con los papeles de los perros en regla-- abrió la investigación a la vía penal contra el acusado, que tenía en su casa dos canes de razas potencialmente peligrosas --cruce de dogos de Burdeos con bóxer-- sin identificar debidamente.

De esta manera, al margen de la aplicación de la Ley gallega de bienestar animal, en la que se recogen multas administrativas para los casos más graves que pueden ascender hasta los 30.000 euros, el ataque del pasado sábado día 4 de noviembre entra dentro de los supuestos del Código Penal.

Un delito de lesiones imprudentes tiene una pena de tres a seis meses o multa de seis a 18 penas, además de la responsabilidad civil. Pero va más allá en los casos graves, es decir, si la lesión causa pérdida total de un órgano o miembro principal o de un sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad física y grave enfermedad somática o psíquica.

El caso de Covelo entra en este supuesto, toda vez que la mujer ha perdido las dos piernas como consecuencia del ataque de los perros. Además, tal y como ha explicado el jurista, su hija que presenció los hechos, también podría reclamar por las secuelas que sufra.


Responsabilidad civil


El Código Penal también establece la obligación de hacerse cargo de las consecuencias físicas como parte de la responsabilidad civil, para lo que es obligatorio contar con seguro, pero la investigación por ahora ha detectado que el dueño de los perros de Covelo no contaba con los papeles de los perros en regla.

La ley española obliga a contratar un seguro de no menos de 120.000 euros por perros de razas potencialmente peligrosas, aunque esta cuantía mínima es mayor en la mayoría de comunidades (como en Galicia, que alcanzan los 125.000 euros) y, de hecho, se recomienda que la póliza ascienda a los 180.000 euros.


Sanciones administrativas


Por su parte, las sanciones administrativas pueden alcanzar los 30.000 euros para el dueño cuando se pone en riesgo la salud pública o animal, según recoge la Ley de bienestar animal aprobada el pasado mes de octubre en el Parlamento de Galicia, normativa en la que se incluyen otro tipo de sanciones para infracciones administrativas leves o graves.

La ley gallega tiene estipuladas para infracciones muy graves, como puede ser poner en riesgo la vida de una persona, sanciones que van desde los 5.001 a los 30.000 euros.

Además, se considera una infracción grave --con multas de 501-5.001 euros-- la no identificación de los animales cuando es obligatoria, como es el caso de los perros potencialmente peligrosos que atacaron el sábado a María Dolores Álvarez.


Otras actuaciones


Al margen de la multa económica, cuando se trata de infracciones graves o muy graves, el órgano competente (en este caso la Consellería de Medio Ambiente), puede determinar otras consecuencias, como el decomiso de los animales, la prohibición temporal del ejercicio de alguna de las actividades por un periodo de entre cinco y diez años o la prohibición definitiva, para las infracciones muy graves.

Asimismo, también está contemplada la prohibición de tenencia de animales de compañía por periodo de entre uno y cinco años para las infracciones graves y hasta diez años para las muy graves.

Para la graduación de las sanciones la ley marca que se tendrá en cuenta la trascendencia social o sanitaria; el ensañamiento o grado de crueldad en la comisión de la infracción y la reincidencia; la intencionalidad; y la realización de actos para ocultar su descubrimiento; entre otras cuestiones.

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