Con la Asociación de Afectados por la AP-9 a la cabeza, los 15 colectivos firmantes de la moción para estudiar la viabilidad de Finca Puntela no se dan por vencidos con el "no" del pleno. Durante la sesión, varios ediles de la oposición aseguraron que el alcalde, Javier Bas, tendría competencias para encargar ese estudio e incluso para la compra del polémico edificio con cargo al 10% del presupuesto municipal. Los colectivos a favor de destinarlo a usos sociales valorarán recurrir a esta opción en una reunión que celebrarán en los próximos días.

Los firmantes consideran que el edificio actualmente ilegal es idóneo para albergar dependencias municipales como la Policía Local o los servicios sociales, que tendría espacio suficiente para todas las asociaciones de Chapela y recuerdan el proyecto de Zona Franca para ubicar en la parroquia un vivero de empresas que allí también tendría cabida.

Lamentan los colectivos que la cuestión de la viabilidad de Finca Puntela se esté utilizando como "arma política" mientras el edificio sigue paralizado.