Un grupo de trabajadores de la instalación deportiva pública asistieron ayer al pleno y mostraron su preocupación por la situación de "desmantelamiento" del servicio. Denuncian que Serviocio ha hecho uso de la base de datos de la piscina de A Ramallosa para publicitar los servicios del complejo privado que gestiona en Sabarís, de manera que hasta 800 de los 4.000 socios se han dado de baja. Aseguran también que la firma ha suprimido actividades con la matrícula llena y temen por su futuro laboral.
BNG, Nigrán Decide, Manifesto Miñor y CABE han exigido al gobierno comarcal la apertura de expedientes por estas prácticas y los alcaldes acordaron ayer crear una comisión de investigación para conocer los detalles de la situación y tomar medidas si se detectan irregularidades.
