El cura de la parroquia de Guillade, José Carlos Pérez Montes, interpuso un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado del Contencioso Administrativo de Pontevedra que desestimó su demanda frente al Ayuntamiento de Ponteareas en relación con el atrio de la Iglesia de Guillade.
En la sentencia, el tribunal avalaba la decisión del actual gobierno local de revocar la licencia de legalización otorgada por el anterior gobierno y daba la razón al ejecutivo presidido por Xosé Represas al exigir al cura la presentación de un proyecto técnico y justificativo de las obras del atrio que pretendía legalizar, por tratarse de un elemento protegido por Patrimonio. La sentencia fue ahora recurrida por el cura de Guillade ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El exteniente alcalde, Roberto Mera, que había ordenado la paralización de las obras en 2003 y había abierto un expediente urbanístico al cura, considera que la decisión de recurrir "revela una vez más el nivel ético del cura de Guillade".
Para Mera, personado junto al Concello en el proceso judicial, resulta "lamentable la manía y la resistencia de la Iglesia Católica a restaurar el atrio a su estado original", añadiendo que "en su conducta impresentable, el cura llega al extremo de negar en los tribunales que el atrio sea un elemento protegido por Patrimonio".
Las obras del atrio de la iglesia de Guillade fueron ejecutadas entre 2003 y 2005 y consistieron en el levantamiento de un conjunto funerario del siglo XVIII y relevo por un nuevo pavimento. Las obras fueron sancionadas por el Concello de Ponteareas y por la Xunta de Galicia, que ordenaron en 2007 al cura a reponer el atrio para devolverlo a su estado original. El curo obtuvo en 2012 el informe favorable de Patrimonio para legalizar unas obras que la propia Xunta había rechazado en los años anteriores. Finalmente, el ejecutivo local presidido por González Solla decidió otorgar la licencia de legalización de las obras en abril de 2015. El acuerdo de gobierno fue recurrido por Roberto Mera y el nuevo gobierno local estimó el recurso parcialmente en septiembre de 2015, revocando la licencia concedida al cura y requiriéndolo para que presentara proyecto técnico y justificativo de las obras a legalizar. Esa decisión fue recurrida por el cura de Guillade en los tribunales que, ahora, año y medio después, desestiman su recurso imponiéndole los costes ocasionados al ayuntamiento y a Roberto Mera, por ser también parte en el pleito.
Mera entiende "cínico, hipócrita y muy poco cristiano que un representante de la Iglesia Católica malgaste tanto tiempo y dinero para defender una ilegalidad y una agresión inmoral al patrimonio histórico-artístico, en lugar de dedicar ese tiempo y ese dinero a atender las injusticias, la pobreza y la miseria en el mundo". El abogado anunció que "en caso de que el recurso sea rechazado por el TSXG, las costas que el cura deberá pagarme, junto con las de la primera instancia, las destinaré a una ONG para mayor escarnio del señor Pérez Montes", concluyó.
