El concejal de Urbanismo de Gondomar, Antonio Araúxo, acusó ayer a la presidenta del PP local, Paula Bouzós, de "obedecer á Xunta contra o interese xeral", tras responsabilizar la popular al bipartito del daño para las arcas municipales que supondrá la sentencia que anula la orden municipal de paralización del saneamiento. El edil recordó a la líder de la formación conservadora que la instalación supondría un coste de 30.000 euros al año al Ayuntamiento. Indicó que el proyecto no resolvía el problema del saneamiento e hizo hincapié en que Bouzós era concejala cuando el Concello "gardou no caixón o tanque de tormentas perante o conflito cos veciños da zona".