Las comunidades de montes de las parroquias porriñesas de Atios y de Budiño han movido ficha en el conflicto histórico que mantienen con el Concello por la titularidad de varias parcelas en las que se ubican más de treinta canteras, aunque no todas ellas operativas. Los presidentes de ambas comunidades se han reunido con todos los grupos de la corporación para ofrecerles una propuesta firme, que consistiría en el reconocimiento de las entidades vecinales como propietarias de estos terrenos y en el reparto de los ingresos generados por el alquiler de las parcelas a las diferentes empresas al 50%, entre comunidades y Consistorio, al menos hasta que duren los contratos que están actualmente firmados.

Las estimaciones que los comuneros manejan es que el total a repartir por los alquileres de las canteras podría superar los 2 millones de euros, algo más de 1 millón por cada parroquia. Además, en la propuesta presentada, tanto Atios como Budiño renunciarían a las cantidades que el Concello les adeuda por incumplimiento de anteriores convenios pensados para que el Ayuntamiento revirtiera parte de los beneficios en las parroquias.

Calixto Escariz, abogado de ambas comunidades en este asunto, explica que "lo que hemos hecho es imitar el modelo de Tameiga con el Concello de Mos, en el que ambas partes llegaron a un acuerdo para repartir ingresos al 50% durante cinco años, aunque en nuestro caso extendemos ese período de tiempo hasta que duren los contratos actualmente vigentes". En el caso de Tameiga y de las parcelas industriales de Monte Faquiña, el acuerdo llegó después de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Porriño que daba la razón a los comuneros.

En el caso de Atios y Budiño, todavía no hay sentencia que avale que la propiedad de estas parcelas es vecinal, pero desde el despacho de abogados aseguran que acabará llegando. "El Tribunal Superior de Justicia tuvo a un magistrado que es Daniel García Ramos que hizo un análisis en profundidad de este tipo de pleitos y fijó un criterio; ese criterio se mantiene porque el actual presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, tiene la misma opinión", explica Escariz, al tiempo que añade que "ese criterio dice que ese monte es en mano común, tenga el uso que tenga, y que la opción de las comunidades para reclamarlo no prescribe nunca".

La opción ya está encima de la mesa de todos los grupos de la corporación. Según explica Xoán Pereira, presidente de la comunidad de Atios, "entendemos que es una cuestión de la corporación y por eso nos hemos reunido con todos los grupos por separado". José Luis Martínez, máximo dirigente de la entidad de Budiño, definió el convenio como "muy razonable porque por un lado nos olvidamos de los ingresos que nos corresponderían desde el año 2008 y por otro porque el 50% de ingresos para las comunidades se invertirán en obras para las parroquias en beneficio de los vecinos, no se quedarán en las cajas de las juntas de montes".

Los comuneros explican que desde el Concello se les ha trasladado la posibilidad de que la propuesta presentada pueda ser debatida en el pleno del 1 de marzo. No obstante hay que contar con la opción de que los grupos políticos propongan alguna modificación a la oferta de entidades. En este sentido, tanto los presidentes de las mismas como el despacho de abogados, creen que hay detalles que son negociables. "Algunos corporativos nos han planteado cuestiones como que el reparto de los ingresos generados por los alquileres de las parcelas dure hasta que finalice el recurso y no sólo hasta que finalicen los actuales contratos; es una de las cláusulas sobre las que podemos hablar", señaló Calixto Escariz en el día de ayer.

El abogado señala que ofrecemos este pacto "porque somos generosos" e interpreta que una solución negociada con el Concello es mejor opción que una sentencia desfavorable o incluso que una sentencia favorable a los intereses de los comuneros. "Una sentencia buena para nosotros sería un horror, porque a ver cómo le metemos mano al Concello para recuperar esas cantidades adeudadas, que además será una responsabilidad para las juntas rectoras; y una sentencia mala sería para nosotros significaría volver a empezar, y volveremos a reclamarla porque el monte no prescribe y porque jurídicamente no tiene discusión que esas parcelas son vecinales". Finaliza señalando que "por eso hemos intentado hablar con canteros y con corporativos y parece que todo el mundo ve este acuerdo con buenos ojos".