La Xunta y la discoteca Ramallosa 2000 se enfrentan en los tribunales. La Consellería de Sanidade ha impuesto una sanción de 600 euros a la sala por incumplir la ley antitabaco al detectarse gente fumando en su interior y la empresa ha recurrido la multa porque considera que, a pesar de tomar medidas preventivas, resulta imposible controlar a todos sus clientes. El juicio se celebró ayer en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo y quedó visto para sentencia.
La Consellería de Sanidade abrió expediente a la discoteca a raíz de una denuncia de la Policía Autonómica, presentada en abril del año pasado. Al parecer, los agentes acudieron al local de paisano y se identificaron ante su responsable. Durante la inspección, localizaron algunas personas con cigarrillos encendidos y trasladaron el parte al departamento autonómico, que resolvió multar a la empresa con la citada cantidad.
Lo habitual en estos casos es que el negocio afronte el pago sin más, pero la sala de fiestas nigranesa no se considera responsable de las acciones de sus clientes. Así lo defendió su abogado, José Molina, ante el juez. El letrado recalcó que la firma de ocio practica la "tolerancia cero" al respecto. Aseguró que la discoteca "no permite fumar en ningún caso" y dispone de una treintena de cámaras de seguridad y numerosos carteles que advierten de la prohibición. Señaló asimismo que nueve vigilantes velan por la seguridad del espacio y que han expulsado a personas por consumir tabaco en el interior varias veces.
Aún así, subrayó, "resulta muy difícil evitar que cualquiera de los presentes encienda un cigarrillo". Tal y como admite la resolución de la Xunta, dijo, "es un acto fugaz", difícil de detectar entre un aforo que puede alcanzar las dos mil personas, con poca luz y efectos de humo generados en ocasiones para crear ambiente.
Así lo acreditaron varios guardias de seguridad citados a declarar y un agente de la Guardia Civil, que afirmó tener constancia de que la discoteca ejerce control durante la vista.
