El ex alcalde de Mondariz, Julio Alén Montes, del PP, será juzgado el martes en la Audiencia de Pontevedra por un supuesto delito de prevaricación, relacionado con solicitud fraudulenta de una subvención de más de 30.000 euros a la Xunta de Galicia, para reparar una pista polideportiva. La fiscalía pide para el ex alcalde siete años de inhabilitación.

En el mismo proceso también será juzgado el arquitecto técnico municipal de Mondariz A.C.F., que trabaja para el Concello, a través de una asistencia técnica, y al que se le piden tres años y medio de prisión, multa e inhabilitación por un supuesto delito de falsedad.

Según el escrito de Fiscalía, en mayo de 2010, Alén en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Mondariz, solicitó una subvención a la Xunta de Galicia, por importe de 39.812'89 euros, para la "construcción de pistas deportivas ao aire libre", tras la convocatoria de subvenciones por parte de la Secretaría Xeral para o deporte. En el proyecto presentado con la solicitud se afirmó que las obras a realizar lo serían en una parcela "vacía e infrautilizada", aportando plano del lugar en cuestión, así como una fotografía de un terreno efectivamente vacío, en el que no figuraba construcción ni edificación alguna, figurando como pie de foto "espazo onde se construirían as pistas de deportes".

En el relato de la Fiscal, se indica que en realidad, el lugar en el que se ubicaba la construcción (coordenadas UTM 544474, 4676257) era exactamente el mismo en el que ya existían previamente una pista de tenis y otra polideportiva, pertenecientes al Ayuntamiento, y que constaban inventariadas ya en el año 2006. "La actividad realmente llevada a cabo no consistió en la construcción de ninguna pista, sino que se aprovechó el suelo y demás elementos de las ya existentes para hacer labores de simple reparación y mejora", afirma el Ministerio Fiscal.

Tras las obras, extendieron el acta de recepción de las mismas, en la que se hizo constar que "fueron ejecutadas de acuerdo con el proyecto contratado, pese a saber ambos acusados que esta afirmación no respondía a la realidad, y emitiéndose por el arquitecto técnico municipal la correspondiente certificación de obra por importe de 49.766'11 euros, en la que se hacían constar conceptos por trabajos distintos a los que se habían realizado", afirma Fiscalía.

El ministerio fiscal añade que el 12 de noviembre de 2010 la interventora municipal emitió un informe desfavorable por, entre otras razones, no constar firma de ningún técnico municipal en el proyecto. Ese mismo día, el alcalde resolvió dar continuidad al expediente, pese a no haberse subsanado la falta de firma, y a conocer que el proyecto no se ajustaba a la realidad.

El importe de la subvención fue cobrado y aplicado a las obras ejecutadas de este modo; si bien posteriormente fue reintegrado por exigirlo así en un expediente de restitución la administración que había concedido la subvención, que detectó el fraude.

Aún así el proceso penal, siguió adelante.