La nueva ordenanza, de poder cobrarse, corrige los precios que se aplicaban a las empresas con mayor superficie y mantiene los valores para usuarios domésticos y empresas de menor tamaño. Al mismo tiempo, aplica una serie de beneficios para personas con dificultades económicas, aplicando reducciones que no existían.
La modificación realizada supone establecer seguridad jurídica para el cobro de la tasa después de la Sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la misma debido al cobro que se realizaba a las empresas de más metros cuadrados y que provocó una oleada de protestas del sector empresarial. Las nuevas tasas mantienen básicamente los precios salvo en los tramos más altos, en los que llegaban a cobrarse hasta 2.500 euros. Ahora el precio más alto se fija en 900 euros al año para empresas de más de 5.000 euros de superficie.
