El Concello de Redondela incrementará este año la partida presupuestaria para emergencias sociales en un 25 por ciento, que pasará de 60.000 a 80.000 euros, para atender con mayores garantías las necesidades de los vecinos sin recursos ante la situación económica actual.

La modificación de la ordenanza de Servizos Sociais fue aprobada en el último pleno con el apoyo de todos los grupos -excepto el BNG, que votó en contra- para mejorar varios puntos, entre los que destaca el cambio del indicador de referencia (Iprem) para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos, que pasa de 532,51 euros a un importe de 655,20 euros. La edil de Benestar Social, María del Carmen Amoedo, considera que este cambio era necesario "ya que entendemos que una persona que cobre el salario mínimo interprofesional tiene serias dificultades para llegar a final de mes y sobre todo para afrontar en determinados momentos algunas necesidades básicas o la adecuación de su vivienda habitual", justifica.

Otra de las modificaciones de la ordenanza es la eliminación del 50% de la aportación máxima de la ayuda para afrontar necesidades básicas como la adquisición de unas gafas o un audífono, puesto que en muchos casos el usuario no podía afrontar el otro 50% del gasto. Asimismo se redefine el apartado de necesidades básicas para dar mayor cabida a cuestiones como la educación.

Desde Benestar Social también se dará un mayor peso en las decisiones a las trabajadoras sociales, ya que en este ámbito son las que mejor conocen las necesidades de los usuarios y la mejor forma de afrontar cada caso. Así, se suprime el porcentaje máximo de la ayuda para la búsqueda de vivienda -actualmente limitado a dos meses-, y será el propio personal técnico el que valore la necesidad de conceder un mayor número de meses.

Además las modificaciones de la ordenanza también incrementan de seis a doce meses las ayudas para alquiler para víctimas de la violencia de género.

Otra de las novedades es la inclusión de un nuevo apartado para ayudas para el desarrollo de actividades de inserción socio-laboral para poder costear el desplazamiento para la asistencia a cursos de formación. En este sentido, la normativa también aumentará las obligaciones de las personas beneficiarias, ya que desde la Concejalía de Benestar Social se pretende llevar a cabo un trabajo coordinado con el departamento de Emprego para poder fomentar con planes específicos e individualizados la formación de los usuarios de los servicios sociales para permitir su incorporación al mercado laboral.