Gondomar vuelve a plantar cara a la Xunta. Esta vez, para evitar dramas sociales derivados de su ya histórica precariedad urbanística. La Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha ordenado siete demoliciones en la parroquia de Morgadáns en los últimos días. Seis afectan a viviendas sin licencia, habitadas por vecinos con escasos recursos, y la séptima, al local social de la comisión de fiestas de Prado. Todos son inmuebles en suelo rústico legalizables en cuestión de semanas o meses, según aseguró ayer el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo, que compareció públicamente para denunciar la situación y amenazar al organismo de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio con encerrarse junto a los afectados en sus dependencias si no muestra voluntad de resolverla.

El municipio carece de Plan Xeral de Ordenación Municipal desde que lo anuló el Tribunal Supremo en 2005. Con el nuevo todavía en fase de exposición pública para su aprobación inicial, la Concellería de Urbanismo ha puesto en marcha la delimitación de una docena de núcleos rurales para actualizar las normas subsidiarias de 1991 en vigor y resolver precisamente estas situaciones de emergencia mientras el futuro PXOM no se haga realidad, una tramitación que podría prolongarse dos años, según los cálculos de Araúxo.

Las casas afectadas quedarían legalizadas con dicha delimitación de núcleos, tan solo pendiente de informes sectoriales y de que la propia Xunta dé su visto bueno. Por eso el concejal, portavoz de Manifesto Miñor, exige tiempo a la APLU para culminar el proceso y dejarlas a salvo de la piqueta.

Por el momento, los damnificados tienen dos meses para acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo y frenar las órdenes de demolición. Para ayudarlos, el Concello busca abogados de oficio y se prepara para asumir alquileres sociales en caso de que finalmente las viviendas sean derribadas.

"Familias humildes con nenos"

"No goberno de Gondomar temos moi claro de que lado estamos, do da xente", deja claro el edil, quien asegura que los vecinos que sufren estas circunstancias son "víctimas, non infractores nin especuladores". Se trata, explica, de "familias humildes, nalgúns casos con nenos pequenos". Algunos de ellos, recalca, llegaron a solicitar licencia y a pagar hasta 6.000 euros por los trámites, pero la anulación del PXOM impidió que la obtuvieran. Además, son edificaciones modestas, desde los 38 metros cuadrados de una casa prefabricada hasta los 100 de la más grande, argumenta.

Por todo ello, Araúxo, insiste en que la causa exige la "implicación de todos" y presentará una propuesta al próximo pleno para que la Corporación la apoye. Remitirá asimismo escritos a todos los grupos políticos para que el debate llegue al Parlamento gallego.

Si la presión política no funciona, llegarán las movilizaciones. "Non terei inconveniente en pecharme un mes enteiro cos afectados nas oficinas da APLU ou en acampar diante se fai falla", advierte.