Arrancan los trámites para la licitación de la gestión de la piscina mancomunada de A Ramallosa. Los tres alcaldes miñoranos acordaron ayer la contratación de una empresa para elaborar el pliego de cláusulas que regirá el concurso público por 10.000 euros.

La firma, seleccionada entre las tres a las que se había solicitado presupuesto, confeccionará las bases de la convocatoria, que todavía no tiene fecha pese a finalizar la actual concesión en marzo. El nuevo presidente de la Mancomunidade do Val Miñor, Juan González, alcalde de Nigrán, asegura que la concesión se ofertará este año, con el objetivo de mejorar las condiciones del servicio y, "se é posible", incrementar el canon anual que la actual adjudicataria, Serviocio, abona al organismo, de 6 euros al año. Con más de 6.000 usuarios y 15 años de funcionamiento, se presupone que la actividad de la empresa, que continuará al frente de la piscina hasta que se formalice un nuevo contrato, resulta lo suficientemente rentable para que los beneficios reviertan en las arcas públicas.

Los regidores se reunieron tras la primera junta del año de la Mancomunidade do Val Miñor, extraordinaria, convocada para aprobar la adhesión del organismo al convenio firmado por la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias para mantener el servicio del Grupo de Emerxencias Municipal (GES).

Hubo debate en la sesión, en la que González asumió su turno anual de presidencia. Todos los grupos apoyaron adscribirse al acuerdo autonómico, excepto el BNG, que se abstuvo. Pese a considerar el servicio de emergencias imprescindible para la comarca, su representante, el edil baionés Xosé Manuel Marcote, hizo hincapié en las irregularidades de su tramitación. Alegó que los informes de la secretaria y la interventora apuntan a defectos en los contratos de los agentes y presentan reparos sobre la dotación económica. Afeó además el estreno de González, "non só por elevar á xunta un acordo con reparos, senon por non convocar a correspondente comisión previa".

Los demás grupos defendieron que la necesidad de preservar las condiciones del GES está por encima de los detalles técnicos de la tramitación.