El nuevo gobierno municipal de Ponteareas revocó una licencia concedida por el anterior gobierno del PP para legalizar las obras realizadas en el atrio de Guillade y que son objeto de una investigación judicial que ha salpicado incluso a responsables del departamento de Patrimonio de la Xunta.
La junta de gobierno acordó intervenir en el procedimiento judicial, dando un giro a su posición cuando gobernaba el PP. Hasta ahora la postura municipal consistió en defender la actuación del ex alcalde González Solla y del cura de Guillade, pero ahora el nuevo gobierno pretende lograr la recuperación del atrio original de la iglesia, que data del siglo XVIII, y depurar las responsabilidades penales que puedan determinarse en la actuación del ex alcalde, de la Dirección Xeral de Patrimonio y del propio cura.
El gobierno local se dirigió, al Obispado de Tui-Vigo solicitando que voluntariamente y con independencia de los procedimientos judiciales, reponga el atrio de la iglesia a su estado original.
Las obras fueron realizadas entre el año 2003 y 2005, sin autorizaciones ni licencias, y consistieron en el levantamiento de un conjunto funerario propio de la estética del barroco rural gallego del siglo XVII.
El Juzgado de Instrucción nº3 de Ponteareas acordó investigar la actuación de la Dirección General del Patrimonio Cultural en la concesión de autorización de esta obras, como en su día informó FARO DE VIGO.
A petición del fiscal y de la acusación popular representada por el abogado Roberto Mera, el Juzgado acordó solicitar el acta de la reunión de la subcomisión mixta Xunta-Iglesia en la que se informó favorablemente sobre la legalización de las obras del atrio. En opinión de la fiscalía "resulta necesario conocer las razones por lanas que se produjo el cambio de criterio de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural", ya que entre los años 2003 y 2012, este organismo había rechazado en varias ocasiones a legalización obligando al cura de Guillade a reponer el atrio a su estado anterior. Sin embargo, sin ningún informe favorable, en 2012 Patrimonio decidió legalizar las obras.
Además, el Juzgado acordó citar a declarar como testigos al exalcalde ponteareano, José Castro, y la arquitecta municipal. Su declaración fue suspendida tras recurrir la defensa del alcalde y del cura su toma de declaración y mientras no se resuelve el recurso.
En paralelo con la actuación judicial, el Ayuntamiento de Ponteareas acordó revocar la licencia de legalización concedida.
