Fiscalía constata "presiones" en el conflicto gitano en Tui y sospecha de un "pacto de silencio"

La Fiscalía de Vigo ha constatado la existencia de "controles y presiones"de un determinado clan gitano sobre el colectivo de feriantes gitanos zamoranos, y considera que la ausencia de denuncias, más allá de las actuaciones de la Guardia Civil, "induce a pensar hasta qué punto existe una especie de pacto de silencio".

Así lo manifiesta la fiscal jefe del área de Vigo en el documento (al que ha tenido acceso Europa Press) de archivo de las diligencias de investigación abiertas a raíz de una denuncia presentada por Miguel Valverde, mano derecha de Sinaí Giménez, contra la concejal de Mercados de Tui, Olga Montes, y contra el presidente de la Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos, Francisco Romero Alvite.

En ese decreto de archivo, la fiscal señala que, una vez realizadas las pertinentes diligencias (que incluyeron la declaración de Alvite, de varios agentes de la Policía Local de Tui y la petición de un informe de la Guardia Civil), no se aprecia la existencia de los delitos que denunciaba el clan de Sinaí Giménez: prevaricación, tráfico de influencias y discriminación.

Según el denunciante, existe un "complot" entre los gitanos zamoranos y la concejal tudense para perjudicar a los gitanos gallegos, en lo que respecta a las licencias para vender en la feria de Tui, exigencia de documentación, concesión de puestos, etc.

Sin embargo, la Fiscalía no solo no aprecia esos delitos, sino que deduce "la existencia de tensión e incluso presión latente hacia un determinado colectivo", los gitanos zamoranos, debido a la "exigencia" por parte de la asociación que lidera Sinaí "del cumplimiento de determinadas condiciones", sin especificar cuáles.

Éxodo de gitanos

A pesar de las quejas de los denunciantes, que reprochan al Ayuntamiento que no se celebre la llamada feria de la frontera (un mercadillo que la Fiscalía recuerda que es "ilegal" y en el que "participan multitud de vendedores sin control público y sin licencia en detrimento de los que sí abonan sus tasas"), la fiscal apunta que el conflicto entre clanes gitanos nada tiene que ver con la celebración de ese mercadillo.

En el decreto de archivo, la fiscal señala que ese conflicto está motivado por "supuestas presiones y controles", y que esa circunstancia fue la que llevó a cientos de gitanos zamoranos a abandonar temporalmente sus viviendas en Tui y O Porriño, y a dejar de llevar a sus hijos menores a los colegios.

Asimismo, apunta que ese problema "se zanjó" con un acuerdo en la Fiscalía Superior de Galicia, del que se deduce que el origen del enfrentamiento no es la feria de la frontera y en el que, de hecho, se establece que "Sinaí Giménez asume el compromiso de que la otra parte pueda desarrollar libremente su actividad de venta ambulante, sin ningún tipo de amenaza ni coacción, en los mercados locales en que las autoridades permitan su instalación".

"Laxitud" del Ayuntamiento

La fiscal insiste en que, si bien existe cierta "laxitud" por parte del Ayuntamiento de Tui, "no consta en absoluto un trato discriminatorio ni arbitrario en la concesión de licencias ni en la exigencia del abono de las tasas".

Y añade que "tampoco es sostenible la ampliación de la denuncia contra el alcalde, basada en el incremento del control policial el día de mercadillo en el que volvían algunas de las familias zamoranas", ya que las circunstancias aconsejaban esas "medidas de seguridad y control".

Finalmente, la Fiscalía lamenta el "abuso excesivo" de la comunicación pública de todas las denuncias y procedimientos sobre este conflicto, lo que lleva a pensar que "se están utilizando los medios personales y materiales de la administración de Justicia para fines privados, como la creación de corrientes de opinión pública o incluso como medio de presión para obtener las respuestas deseadas de los organismos públicos".