El cementerio de Priegue vivió ayer su tercera jornada de Todos los Santos en precario. Cientos de personas cumplieron con la tradición católica de visitar las tumbas de familiares y amigos entre zanjas y nichos agujereados. Muchos lamentaban el creciente deterioro del camposanto tras más de dos años destrozado y se preguntaban cuándo llegará la solución al conflicto vecinal que paralizó en 2012 unas obras cuestionadas. La respuesta todavía es complicada, aunque ya existe un primer pronunciamiento judicial acerca del asunto. La titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Vigo ha archivado la causa contra la empresa de administración de fincas Geserco, a la que un centenar de propietarios de sepulcros denunciaron por apropiación indebida e intrusismo profesional. La magistrada deduce en su auto de sobreseimiento que los trabajos emprendidos para adaptar el recinto a la normativa sanitaria son legales.

Todo comenzó en el verano de 2012. La gestora del recinto puso en marcha un proyecto para adaptarlo a las condiciones de salud pública exigidas por la Consellería de Sanidade. Dos técnicos de la Xunta habían visitado el camposanto unos meses antes y certificado deficiencias como ausencia de osario, de ventilación y salida de gases y líquidos de las tumbas o falta de cierre, entre otras. La junta directiva de la asociación de titulares de nichos había autorizado al administrador de Geserco, Horacio Alejos Anta, a ocuparse de la legalización tras aprobar una derrama de 130 euros por nicho. La iniciativa consistía en la instalación de una red de tuberías para desalojar fluidos de cada sepultura. La gran mayoría de los propietarios debían abonar 260 o 520 euros, dado que poseen dos o cuatro tumbas cada uno, según explica el gerente de la firma encargada.

Pero un grupo de afectados decidió no pagar porque creía, y cree, que las obras son innecesarias e irregulares. Su portavoz, Vicente García, afirma que el cementerio es completamente legal porque se construyó en 1983, mucho antes de que entrase en vigor la ley de que obliga a estas instalaciones a disponer de ventilación, en 1998. Recalca además que el proyecto se aprobó en una asamblea de propietarios irregular y que la licencia urbanística del Ayuntamiento de Nigrán fue posterior al inicio de los trabajos. Reitera asimismo que los informes sanitarios están fundamentados en "una mentira". "No tenemos constancia de que explotasen dos tumbas por acumulación de gases, como mantienen la directiva y el administrador", añade.

Finalmente, las aportaciones fueron insuficientes para concluir los trabajos, calculados en 75.000 euros. Alejos sostiene que se llegaron a reunir 30.000 euros, mientras que García cifra la cantidad recaudada en más de 40.000.

Los surcos en el pavimento y los orificios en los nichos, algunos ocupados, permanecen abiertos desde 2012. El año pasado, los titulares disconformes con la intervención denunciaron al gestor. Lo acusaban de cobrar y realizar pagos sin permiso. Pero la magistrada no ve indicios del delito que le atribuían porque "no tenía facultad para disponer del dinero de la asociación" que lo había contratado.