Los elevados gastos en abogados externos que el Concello de Nigrán afronta desde 2013 no solo preocupan al portavoz de UCN, Antonio Fernández Comesaña, quien los denunció esta misma semana. El gobierno municipal también considera que los costes jurídicos superan con mucho lo razonable en una administración local. Por eso busca una fórmula para mitigar el golpe que las facturas de letrados ocasionan a las arcas municipales. El alcalde, el popular Alberto Valverde, asegura que "todos y cada uno" de los desembolsos que ahora afronta el Ayuntamiento corresponden a pleitos originados en mandatos anteriores. Así, su equipo estudia tomar medidas legales contra los autores de las gestiones municipales que generaron condenas judiciales por "irresponsabilidad". La mayoría de los fallos en contra corresponden a impagos de facturas y conflictos urbanísticos anteriores a 2011. Por decisiones que exmandatarios tomaron en su día y que ahora deben afrontar de su bolsillo, sostiene el regidor.
El exgobernante con más opciones a acabar en los juzgados por este motivo es precisamente Antonio Fernández, el edil que abrió la polémica. El regidor lo acusa de "participar directamente en al menos tres de los procesos judiciales" que generaron los gastos jurídicos ahora en cuestión durante su etapa en el gobierno, de 2003 a 2007, como concejal de Servicios Urbanos e Infraestructuras, con el popular Alfredo Rodríguez en la Alcaldía. Pero los candidatos a terminar ante un juez por ocasionar los quebrantos económicos a los que se enfrenta el consistorio pueden ser más. Hay recibos de letrados por impagos del anterior mandato del bipartito PSOE-BNG, e incluso de gobiernos de los años noventa. Los servicios jurídicos municipales de Nigrán estudian la viabilidad de iniciar procedimientos contra "aquellas personas físicas relacionadas con alguno de estos procedimientos, para que respondan con su patrimonio, si procede", recalca Valverde.
200.000 euros en facturas
Así lo indicó ayer el alcalde en un comunicado en el que detallaba los gastos judiciales denunciados por el centrista. Fernández aseguraba que el Concello acumula facturas de abogados cuyo importe supera los 250.000 euros en 2013, de las que habría pagado más de 70.000.
El regidor corrige estas cifras. Afirma que, según los cálculos del departamento de Hacienda, los honorarios que han reclamado diversos letrados suman 201.125,84 euros. De esta cantidad, se han abonado un total de 95.216 tanto en 2013 como en lo que va de 2014. Queda pendiente una minuta de 105.909,84 euros del defensor externo del Ayuntamiento en el proceso relativo a la anulación de las licencias de los dos chalés derribados en Monte Lourido en 2007, por el que un juez ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar con 312.491 a Ferymol, la inmobiliaria propietaria de los edificios en concepto de responsabilidad patrimonial.
Siete minutas de abogados "disparan" los costes entre un total de 46 en 2013 y 2014
El caso de los adosados de Monte Lourido es uno de los que Alberto Valverde destaca como los más cuantiosos. El Concello ha registrado un total de 46 facturas de letrados. La mayoría responden a contenciosos en materia urbanística, interpuestos por particulares. Pero el regidor se detiene en los siete "que han disparado el gasto", entre ellos, el de la mencionada indemnización a Ferymol.
Cuatro de ellos estarían relacionados con gestiones de Fernández Comesaña durante su etapa a la cabeza del departamento de obras y servicios municipales. Por ejemplo, la revisión de precios en 2002 y 2004 que la concesionaria de la recogida de basura, Cespa, exigió en los juzgados. La empresa reclamaba 262.615 euros y la justicia dio la razón al Concello, que tuvo que abonar 48.973,78 euros a su abogado.
Otro de los procedimientos vinculados al centrista es el de los intereses de demora que reclamó la constructora Hidroscivil por 36 facturas que Fernández Comesaña firmó antes de 2006 y que la firma cobró en 2009. El fallo condenó al Concello a pagar 159.567,11 euros por el retraso y los honorarios del abogado ascendieron a 2.250 euros.
Fernández contrató también servicios a la empresa de jardinería Fergo en 2004, que cobró los 13.054 euros de los trabajos en 2012. Por estos 8 años de demora, el Ayuntamiento tuvo que asumir otros 8.921,83 euros por intereses, según consta en la sentencia del proceso, cuyo abogado costó 1.617,50 euros.
Existe un cuarto proceso por diez facturas de una constructora que exige al Ayuntamiento 130.811,32 euros por trabajos desde 1993 hasta 2005, período en el que también habría intervenido el centrista. En este caso, el fallo judicial desestima la reclamación y no hubo gastos en defensa.
Los dos restantes corresponden al bipartito PSOE-BNG. Una firma reclamó 23.582,45 euros por desbroces en 2007. El juez condena al Ayuntamiento a abonarle 35.832,02 euros en total, la cantidad exigida más los intereses de demora, y el letrado costó 4.069,06 euros. Unión Fenosa también reclamó el pago de facturas de suministro eléctrico por 32.567,65 en el mismo año y el juez falló a su favor. La factura del letrado asciende a 4.353,60 euros.
