El concejal de Formación y Empleo del Concello de Porriño, Alejandro Lorenzo, imputado junto al alcalde Nelson Santos y el teniente de alcalde José Manuel Jacobo en un proceso judicial por supuesto delitos de prevaricación y tráfico de influencias entre otros, ha solicitado al juzgado la nulidad de las grabaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil durante el proceso de investigación.
El juzgado investiga tratos de favor en la contratación de personas y empresas, a través de un supuesto sistema organizado para saltarse los procedimientos ordinarios.
En el escrito, registrado en el juzgado el pasado día 10, la defensa de Alejandro Lorenzo hace referencia a que existían otros medios de investigación sin esta "excepcional medida" y llega a acusar a la Guardia Civil de remitir al juzgado "conversaciones de carácter íntimo y personal que nada tienen que ver con la investigación llevada a cabo". Sobre esto explica que la juez ya solicitó la devolución de los DVDs y se instó a la Guardia Civil a que rehiciesen los mismos y que se recojan solo las conversaciones relacionadas con los hechos.
Según el escrito de la defensa, cuando se acordó "pinchar" el teléfono de Alejandro Lorenzo nada existía en la causa contra él, tan solo su nombre mencionado y se pregunta si "¿acaso no se puede realizar otra labor investigadora sobre el mismo?". Añade en otro párrafo de un escrito de 7 páginas que las intervenciones telefónicas deberían realizarse en números concretos autorizados "sin embargo observamos en las actuaciones que existen gran cantidad de llamadas en donde ni el que llama ni el que recibe es el número de ninguno de mis mandantes".
Aprovecha el letrado para criticar la publicación de informaciones en la prensa sobre el proceso desde que se levantó el secreto de sumario y llega a decir que "ahora tenemos un folletín diario imaginamos que con el propósito de producir un menoscabo político, en el que este letrado no entra, pero sí mostramos nuestro malestar porque un procedimiento judicial sea filtrado de modo sistemático a los medios, de "comunicación" (sic).
También se explica que se recogen mensajes de SMS que no estaban autorizados, y que todo el procedimiento "infringe la doctrina y jurisprudencia de aplicación a las intervenciones telefónicas", reiterando que en el caso de Lorenzo "no existían ni por asomo indicios de criminalidad".
Además se recrimina que "falló el control judicial de la intervención", que "no fue puesta en conocimiento de fiscal" y finalmente se solicita que se decrete la nulidad de cuantas intervenciones telefónicas existen en la causa.
