El informe judicial desvela sobresueldos por valor de 400.000 euros en el Concello porriñés

El Ayuntamiento de Porriño cometió supuestas irregularidades en el pago de nóminas a personas que trabajaban para el Concello con contratos de colaboración social a través de la oficina Porremprego, según revela la investigación judicial -denominada Operación Multiusos- en base a la que la juez imputa al alcalde, Nelson Santos, y a otros dos concejales por diversos delitos. El informe destapa que entre 2010 y 2013, el Ayuntamiento pagó presuntamente sobresueldos por valor de cerca de 400.000 a parte de sus trabajadores. La otra parte, en cambio, percibió en el mismo lapso un total de 221.380 euros menos de lo que le correspondía.

Según la legislación relativa a los contratos de colaboración social, el Concello de Porriño debía abonar la diferencia entre la prestación o subsidio por desempleo hasta el importe de la base reguladora que le correspondía al trabajador. Sin embargo, el informe judicial deja al descubierto que la práctica habitual del Ayuntamiento era el abono de la nómina al personal laboral obviando la base reguladora, por lo que algunos trabajadores percibían cantidades superiores a las que les correspondían y otros, por el contrario, sueldos inferiores. Se pagaba discrecionalmente, esto es, no se establecía una remuneración fija.

En las declaraciones prestadas en la investigación judicial por personas que trabajaron para el Concello a través de este régimen contractual, varias de ellas señalaron que el teniente de alcalde y responsable de Personal, José Manuel Jacobo, les notificó que sus sueldos se iban a ver recortados debido a una disposición del Gobierno central. De este modo, indicaron que, luego, terminaron recibiendo una cantidad menor. No obstante, en la documentación aportada por el servicio de empleo se observa que estos trabajadores deberían haber percibido cantidades bastante más elevadas. Uno de ellos, por ejemplo, cobraba inicialmente poco más de 840 euros mensuales. Después, comenzó a cobrar 550 euros. Sin embargo, el Concello le debería haber pagado 1.086 euros.

En el sumario consta que en las entrevistas realizadas a algunos de los trabajadores del Concello en el transcurso de la investigación, "se percibe el temor que tienen a declarar en contra de los gestores del Ayuntamiento, ya que creen que no les volverán a contratar y muestran agradecimiento a estas personas por haberles conseguido un empleo".

Otra trabajadora narra a la Policía Judicial que fue contratada por el Concello en calidad de formadora para impartir un curso de peluquería. Sin embargo, asegura desconocer que su contrato, en realidad, era de peón.

La investigación refiere que el Ayuntamiento, en lugar de convocar plazas de funcionarios o de recurrir a la contratación temporal laboral, acude "a la contratación en colaboración social para así obtener capital humano de trabajo a bajo coste".

La Policía Judicial atribuye estas presuntas irregularidades en el pago de las nóminas, que conllevan un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de malversación de caudales públicos al alcalde, a Jacobo, así como al edil de Empleo, Alejandro Lorenzo, responsable del servicio municipal de empleo.

Los tres deberán declarar este mes de mayo ante la juez que instruye el caso, que también contempla supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, pues engloba, además, presuntos contratos con empresas, a dedo y supuestos enchufes de trabajadores en el Ayuntamiento, en los que también estaría implicado el exfuncionario del servicio de colocación, José Cabanelas.