En apenas cinco minutos y sin preguntas ni reproches de la oposición, el alcalde de Gondomar, Fernando Guitián, solventó ayer la comparecencia pública acerca de su imputación por un presunto delito de prevaricación administrativa. Casi un mes después de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo abriese diligencias contra él por adjudicar supuestamente el servicio de mantenimiento de parques y jardines durante más de año y medio y sin concurso previo a Jarma S.L., una empresa propiedad del hijo de un destacado militante del PP, el regidor afirmó que será la justicia quien aclare si ha incurrido en ilegalidades o no. "Considero que no he cometido ningún delito. Si existiese algún tipo de irregularidad, será un juez quien determine su alcance y las responsabilidades que eso conlleve", dijo.
Guitián admitió que levantó diversos reparos de distintos interventores municipales que han pasado por el Concello en los últimos dos años y que han presentado informes contrarios al pago de las más de treinta facturas conformadas por Jarma S.L. por importe de más de 100.000 euros. Pero restó importancia a esa forma de proceder porque, dijo, se trata "de una práctica administrativa habitual".
En el relato de los hechos, el alcalde recordó su primera declaración ante el fiscal, a finales del año pasado. Señaló que la Fiscalía lo requirió a raíz de la denuncia de edil no adscrito Pauliño del Río. Durante su investigación, el ministerio público requirió facturas a las tres empresas que realizaron trabajos de conservación de zonas verdes desde que culminó la concesión anterior, en 2011. Se trata de Symco -la última adjudicataria oficial-, Nove Servicios Múltiples y Jarma. Guitián las citó a las tres y a una cuarta que finalmente ha quedado fuera del proceso porque sus servicios no tienen nada que ver con el mantenimiento de jardines.
Ante el juez "este mes"
Tras las pesquisas, la Fiscalía interpuso una denuncia contra Guitián por supuesta prevaricación administrativa a principios de este año. Y la juez abrió diligencias contra el alcalde. En el marco de la instrucción, el regidor acudirá a declarar "este mes", según anunció ayer en el pleno, al igual que lo hará el propio Del Río para ratificar su acusación y los representantes de las empresas mencionadas.
Todas ellas tienen sede en el municipio. Así lo quiso destacar el alcalde, quien incidió en que su gobierno "procura contratar siempre con profesionales vinculados al ámbito territorial del pueblo o de su entorno más cercano".
Y así terminó sus explicaciones sin que los grupos de la oposición le planteasen ninguna duda. Solo el no adscrito Eladio Costas, que abandonó el gobierno y el PP hace un año, le exigió la dimisión "de una vez" en el turno de ruegos y preguntas.
