La directora de la cementera Hormigones JCA ubicada en la parroquia redondelana de Vilar de Infesta aceptó ayer una pena de un año y tres meses de cárcel por delito de desobediencia grave a la autoridad por la continua rotura de los precintos colocados en la planta por orden del Concello de Redondela. La directiva de la planta admitió ayer, en el juicio celebrado en el Juzgado de Penal número 2 de Vigo, su responsabilidad en la retirada de catorce sellos instalados por la Policía Local en las instalaciones entre septiembre de 2009 y marzo de 2012, al carecer de licencia de apertura y actividad.
La imputada Ana Rosa P.D., en su alegato final, justificó la decisión de retirar los precintos "al considerar que era lo más justo para la empresa y sus trabajadores", ya que durante esas fechas la compañía tenía contratados unos suministros para las obras del AVE que debía acometer y no podía parar la actividad. En este sentido, su abogado, Carlos Torceiro Lomba, puso de manifiesto que la cementera cuenta con una plantilla de 70 o 80 trabajadores y que los citados contratos "han supuesto la pervivencia de la empresa y sus empleados" en un momento complicado por la incidencia de la crisis en el sector de la construcción. "Gracias a ello la empresa sigue ahora abierta y con actividad, y esto podría aplicarse a la conducta de la acusada", puntualizó.
En el juicio también estaban citados en calidad de imputados los empresarios, Jorge C.A y Manuel A.T., aunque ninguno de los dos acudió. Aunque la Fiscalía retiró la acusación contra ambos, el Concello de Redondela decidió mantenerla, por lo que los dos directivos de la empresa quedan pendientes de la sentencia de la juez.
Un largo conflicto
El conflicto con esta planta de hormigones se inició hace más de una década por las denuncias de un vecino de la fábrica, Xosé Manuel Crespo, ante las molestias que le causaba. En el año 2008 una resolución de la Alcaldía ordenaba la anulación de la licencia de apertura y actividad de la empresa, otorgada en diciembre de 1998, en conformidad con un dictamen del Consello Consultivo de Galicia con carácter preceptivo y vinculante.
Esta decisión se basaba en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en marzo de 2007, que obligaba al Concello a revisar la licencia al no permitirse esta actividad en el emplazamiento en que se encuentra.
Más de media plantilla de la Policía Local - El juicio por la rotura de precintos por parte de la cementera de Vilar obligó a desplazar a los Juzgados de Vigo a 23 agentes de la Policía Local redondelana, citados en calidad de testigos -en la imagen, algunos de ellos-. Pese a ello, el servicio se mantuvo operativo con normalidad durante la mañana.
