A la espera de que en septiembre u octubre el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se pronuncie sobre el recurso contra el decreto equino planteado por la Asociación de Gandeiros de Cabalos do Monte da Groba, el colectivo continúa haciendo acopio de documentación para justificar su demanda de un régimen especial que exima a sus reses del polémico microchip. Mientras la Xunta rechaza frontalmente esta posibilidad, los ganaderos sí encuentran respaldo a su demanda en otras legislaciones europeas como la británica, que ya aplica la excepción a ponis semisalvajes de Gales e Inglaterra.

En un escrito que el colectivo remitió el mes pasado a la Consellería de Medio Rural e do Mar, la asociación aporta una extensa relación de ejemplos de la legislación británica, que considera los ponis salvajes "parte del paisaje, la cultura y el patrimonio", reconoce los beneficios medioambientales de su conservación y argumenta que el bajo valor de las reses hace "antieconómico" expedir un pasaporte y aplicar el microchip como sistema de identificación.

Por todo ello, tanto Gales como Inglaterra permiten identificar las poblaciones de caballos criados en semilibertad de algunos territorios bien delimitados mediante las marcas tradicionales inscritas en los libros que custodian las asociaciones de ganaderos. "Es lo mismo que nosotros pedimos y algo que autoriza un reglamento de la propia Unión Europea", recuerda Javier Álvarez-Blázquez, secretario de la Asociación de Gandeiros de Cabalos do Monte da Groba, que asegura que el colectivo pretende una "solución amistosa" con el Gobierno gallego.

Tregua

Ambas partes se dieron esta primavera una tregua que permitió a los ganaderos celebrar los curros de A Groba y O Galiñeiro, cancelados en 2012 en señal de protesta por el decreto equino. Aunque la Administración autonómica sigue advirtiendo que no consentirá caballos sin microchip en los montes gallegos, al menos este año no ha realizado controles en las rapas, lo que ha permitido a los propietarios de las "burras" mantener esta tradición.

"Lo que queremos es conservar el patrimonio natural y al mismo una fiesta milenaria", apunta Álvarez-Blázquez, quien confía en que el TSXG dé la razón a los ganaderos en su resolución del recurso contra la obligatoriedad de la identificación electrónica de las reses.