Dos grandes juicios saltaron a la actualidad nacional en la historia reciente de Gondomar. En la retina de numerosos vecinos todavía permanece la "mancha" de dos concejales del PP condenados por sendos delitos de cohecho, junto a un arquitecto de Vigo, por reclamar dádivas a promotores inmobiliarios a cambio de favores en la ordenación prevista en el Plan Xeral en tramitación en 2006. O la del exalcalde también popular sentenciado por prevaricación al conceder una licencia urbanística con el documento urbanístico de 1997 anulado, al igual que cinco miembros de su junta de gobierno.

Pero no solo las condenas a dirigentes políticos inciden en la inseguridad jurídica del urbanismo gondomareño. Todo comenzó en 2005 cuanto el Tribunal Supremo anuló el Plan Xeral de 1997, a instancias de una denuncia del PSOE. En ausencia del marco legal por sentencia, el exalcalde Carlos Silva otorgó decenas de licencias. Fue juzgado en noviembre de 2008 y finalmente resultó condenado en junio de 2010 por uno solo de los permisos a seis meses de prisión y 7 años de inhabilitación. Abandonó la política poco antes de publicarse su absolución por otro proceso en el que se le imputaba supuesta falsedad documental.

Aquel mismo mes de junio de 2010 se conoció la condena a multas que sumaban los 740.000 euros para los exediles de Urbanismo y Cultura, Alejandro Garrido y José Luis Mosquera, y el arquitecto vigués Borja Ramilo. El jurado popular los consideró culpables de cohecho por urdir una trama urbanística para captar "mordidas" entre constructores. El caso se destapó al denunciarlo uno de los promotores a los que habían solicitado dinero, que se prestó a actuar como "gancho" en la investigación. Se les detuvo en plena operación de recepción de sobres en febrero de 2007.

Otro exregidor gondomareño y otro exconcejal de Urbanismo regresarán al banquillo en octubre con garantía de expectación mediática.