El anterior alcalde de Gondomar, el popular Martín Urgal, y su concejal de Urbanismo, el socialista tránsfuga Alfonso De Lis, se sentarán en el banquillo los próximos 22 y 23 de octubre acusados de supuesta prevaricación urbanística. Se les atribuye este delito por apartar vía decreto a la secretaria municipal y a la técnica de administración general del departamento de Urbanismo de los asuntos urbanísticos del municipio y suplir sus funciones de velar por la legalidad de los expedientes con la contratación de un abogado privado, el vigués José Martínez Torea, que también comparecerá en el juicio imputado por el mismo ilícito penal. La Fiscalía pide dos años de cárcel, 22.500 euros de multa y ocho años de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público para cada uno de los tres. Los acusa también de conceder 38 licencias al margen de ambas funcionarias en 2011.

La vista oral se desarrollará en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo dos años después de que se iniciasen las diligencias judiciales. La Fiscalía de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente puso en marcha la investigación ante las denuncias de las propias funcionarias a las que se obstruía la labor. Los concejales nacionalistas, entonces del BNG, único grupo de la oposición, aportaron documentación al ministerio público ante un hecho que calificaron de "insólito" en la historia democrática de España y "propio de república bananera".

Responsables y cooperador

Tras una ardua investigación, la fiscal formuló el pasado mayo su escrito de acusación, en el que atribuye el citado delito de prevaricación urbanística a los tres encausados, a los dos políticos como responsables y al abogado como cooperador necesario. En el texto, el ministerio público recalca que entre febrero y junio de 2011, Urgal y De Lis concedieron al menos 38 licencias urbanísticas -inicialmente se investigaron 57-, para las que el letrado emitió informes jurídicos favorables, "pero no se emitió el informe jurídico preceptivo municipal, contrariamente a lo exigido en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Galicia". Recalca también la fiscal que todos los permisos acabaron otorgados por decreto de Alcaldía "indicando solo la constancia de informes técnicos y jurídicos favorables, pero sin un resumen de su contenido, en contra de lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas".

Justifica asimismo la atribución del presunto delito de prevaricación por la vulneración la Ley de Contratos del Sector Público. Exalcalde y exconcejal suscribieron el contrato con Torea tres días después de hacer público el decreto en el que vetaban a la secretaria a la técnica de urbanismo por importe de 17.500 euros y por un período de seis meses. Y lo firmaron tras obviar el informe desfavorable de intervención, que señalaba que ni el período era de seis meses ni la cantidad 17.500 euros, dado que el abogado ya había realizado informes encargados por Urgal y De Lis desde su acceso al poder, en mayo de 2009 a través de una moción de censura. Por todos ellos el Concello había abonado casi 7.000 euros.