08 de mayo de 2013
08.05.2013
VAL MIÑOR
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Nigrán declara ilegales cuatro chalés con licencias anuladas desde hace una década

Los tribunales revocaron sus permisos porque la parcela donde se ubican, en Mallón, solo admitía tres casas - El Concello paraliza las obras de uno y abre expediente a los restantes, habitados

08.05.2013 | 07:34
Las cuatro viviendas con expediente abierto por el Ayuntamiento de Nigrán, en el barrio de Mallón, en la parroquia de San Pedro. // José Lores

La amenaza de derribo persigue a otras cuatro viviendas del municipio de Nigrán. Se trata de cuatro chalés ubicados en el barrio de Mallón, parroquia de San Pedro, cuyas licencias de obra fueron anuladas por sentencia judicial en 2002, confirmada en 2006 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ahora el Concello, que les otorgó los permisos en 1999, también los declara irregulares. Obligada por los fallos de los tribunales, según indican fuentes municipales, la junta de gobierno acordó recientemente abrirles expediente de reposición de la legalidad. Un trámite que determinará "si las actuaciones son o no compatibles con el ordenamiento urbanístico vigente, y que servirá de base para adoptar la orden de demolición, adecuación o solicitud de la preceptiva licencia", según reza su documentación.

El historial del proceso es largo. Un vecino del entorno interpuso la primera denuncia contra la parcelación de la finca y las licencias. Consideraba que la superficie solo alcanzaba para la construcción de tres edificaciones, pero alberga cuatro. La última, según el denunciante, invade un camino público. Los jueces le dieron la razón y los propietarios de los inmuebles han intentado reparar la situación ante el Concello en varias ocasiones, pero los técnicos municipales nunca admitieron las soluciones que proponían al considerar que no se ajustaban a la normativa urbanística que rige en el municipio.

Los expedientes abiertos ahora difieren entre sí. A uno de los chalés, todavía sin terminar, le paralizan las obras y advierten a su promotor de multas coercitivas de 600 a 6.000 euros si no cumple con la suspensión cautelar de los trabajos.

A los propietarios de las tres viviendas restantes, habitadas desde hace años, simplemente les anuncian el procedimiento, que podría concluir con el encaje legal de las edificaciones, o bien con la temida orden de demolición, implícita en la propia anulación de las licencias de construcción.

Los afectados tienen un mes para presentar recursos de reposición ante el Ayuntamiento, o bien para interponer contenciosos ante los juzgados.

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