La estación de servicio del polígono de A Pasaxe, en la parroquia gondomareña de Vincios, podría tener los días contados. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que la empresa Combustibles del Noroeste, propietaria de la gasolinera, interpuso hace un año para evitar la demolición. El auto convierte en firme e irrevocable una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2007, que anulaba las licencias del establecimiento, por lo que el Concello de Gondomar se verá obligado a ordenar por tercera vez en dos años el derribo de la instalación, aunque el alcalde, Fernando Guitián, no tenía constancia ayer del pronunciamiento judicial.

Terminaría así un largo litigio iniciado hace más de una década a partir de una denuncia tramitada por la Guardia Civil, a instancias del propietario de la empresa Estación de Servicio de Tui, que alegaba el incumplimiento de la normativa de ubicación de este tipo de establecimientos, ya que deben instalarse a más de 150 metros de un cruce de carreteras del ámbito autonómico o nacionales.

La demanda incidía también en que Combustibles del Noroeste no disponía de los 2.000 metros cuadrados necesarios para construir el negocio y en que se había desviado el curso del río Zamáns para edificar. La estructura se encuentra, además, en suelo rústico de protección de aguas.

Indemnizaciones millonarias

Aquel expediente dio lugar a un procedimiento contencioso-administrativo prolongado, en el que no faltaron numerosos recursos por parte de la firma propietaria de la gasolinera, pero también por parte del Concello de Gondomar, dado que la demolición de la estación de servicio causaría un serio quebranto económico a las arcas municipales.

Y es que el negocio dispone de licencias otorgadas por el departamento de Urbanismo de Gondomar, en base a permisos sectoriales por parte de la Xunta de Galicia. De este modo, el dueño de la estación de servicio puede requerir indemnizaciones millonarias a ambas administraciones por autorizar el establecimiento sin ajustarse a la normativa.

Petición de cárcel

Las irregularidades de la estación de servicio han originado otro proceso judicial paralelo, por la vía penal, en el que se acusa al propietario de un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de boxes de lavado de coches sobre el río Zamáns. El dueño de la empresa fue condenado hace un año a seis meses de prisión, una multa de 4.320 euros y la demolición de la instalación. Pero aquella condena quedó anulada, al igual que el juicio, por un fallo en la grabación.

Así que el responsable de la gasolinera volvió a sentarse en el banquillo la semana pasada y se enfrenta de nuevo a una petición fiscal de dos años de prisión, 9.000 euros de sanción económica, el derribo del negocio y dos años de inhabilitación para promover obras.