La iniciativa de los comuneros se ampara en la normativa de la Xunta aprobada el pasado año para la identificación y ordenación sanitaria de los caballos mostrencos que impone la obligación de que todos los equinos lleven microchip.
El decreto permite que los animales sin identificación puedan ser capturados y otorga a las autoridades municipales la responsabilidad de custodiarlos durante 48 horas para tratar de localizar a sus propietarios.
En caso de que nadie los reclame, los responsables municipales tendrán tres vías para deshacerse de los animales: su subasta en pujas públicas, el sacrificio para su posterior incineración, o la entrega a espacios de acogida "con capacidad de recepción". En el caso de los concellos de Pazos y Fornelos, esta última opción es la elegida, por lo que los caballos apresados han sido enviados a un centro de acogida fuera de la provincia de Pontevedra.
