14 de febrero de 2007. 21.00 horas. Baño de caballeros de la cafetería del Hotel Galicia, en la viguesa calle Colón. El empresario vigués Manuel Rodríguez entrega un sobre con cerca de 60.000 euros al ex concejal de Cultura de Gondomar, José Luis Mosquera, en una operación controlada por la Guardia Civil, que se saldó minutos más tarde con las detenciones del propio edil, su novia que le acompañaba, su compañero responsable del área de Urbanismo entonces, Alejandro Gómez, y el arquitecto Borja Ramilo. Todos ellos acusados de cohecho y juzgados la pasada semana. Pero el todavía edil no se conformaba, aparentemente, con la cantidad que estaba recibiendo. Rodeado de la frialdad del alicatado, aún tuvo temple para hablar de otros negocios al denunciante de la trama de corrupción. "Cuando le entregué el sobre, me ofreció otras fincas que podían aprovecharse en el Plan Xeral", relató ayer el promotor extorsionado, cuatro días después de que el jurado popular considerase culpables a los dos concejales del PP y al proyectista, tras retirarle el fiscal la acusación a la pareja de Mosquera.
La cita para la entrega del soborno fue corta pero intensa. "Ni siquiera pedí consumición. Llegué y Mosquera estaba en la barra. Dijo que Borja [el arquitecto] nos había dejado colgados porque el encuentro iba a ser en su despacho. Entonces se le ocurrió que yo me fuese al servicio y él aparecería allí segundos después. Le dije: Ahí te va el dinero, contado en el banco. Te faltan 101 euros [por el cambio de pesetas a euros], no creo que te importe. Cogió el sobre y no miró nada. Se fió de mí", narró el promotor.
La reunión culminaba meses de investigación, pero quizás no fue la más tensa. Siete días antes, acudía a la oficina del urbanista con una cámara de vídeo camuflada en un botón de su camisa y una grabadora de voz en un bolsillo para captar los detalles del trato. Las imágenes de la conversación, reproducidas en la vista oral, fueron claves para detener a los acusados, por ello Manuel Rodríguez acudía con cierta inquietud. El dispositivo había fallado en una ocasión anterior, pero esta vez tenía que ser la buena. "Me coloqué estratégicamente en la mesa para que se viese bien", comenta casi a carcajadas. Con la perspectiva de tres años de por medio, la situación da lugar a bromas, pero entonces no le parecía tan graciosa. "Al deshacerme de él tuve sentimientos contradictorios. Un asco profundo que me incitaba casi a vomitar y una alegría enorme por no haberle fallado a la gente que confió en mí: mis amigos, el fiscal, el Seprona y la titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo, que tuvo un papel fundamental con una instrucción impecable", afirmó.
Por eso, este promotor repetiría sin dudarlo. "Lo volvería a hacer, seguro", recalca pese a que la sociedad A Pousa perdió 90.000 euros entregados al propietario de los terrenos y su administrador arriesgó 60.000 de un préstamo en la entrega del sobre. Cuando se le pregunta si valió la pena introducirse en el entramado, contesta que sí: "No podemos recuperar el dinero, pero hemos tenido suerte porque seguramente no habríamos vendido las viviendas por la crisis".
Una vez conocido el veredicto, el denunciante del caso ve cumplidas sus expectativas. Aunque en los debates de cafetería se cuestione la rebaja de la pena o el hecho de que los ex concejales no ingresen en prisión, Rodríguez considera que el asunto sentará precedente, al menos para aquellos que piensen en extorsionar.
Su inmersión en el asunto de Gondomar le lleva a la conclusión de que "no era la primera vez" que los concejales pedían dinero. Mosquera quedó retratado en las imágenes y sobre Gómez, asegura que "no es Santa Teresa de Jesús". "Y Borja no supo hasta qué punto se puede hacer un favor a un amigo", concluye Rodríguez, molesto con la estrategia del abogado del ex concejal de Urbanismo, que trató de demostrar que su denuncia respondía a motivaciones políticas por su pertenencia a Esquerda Galega. "No es una cuestión de ideología. Sólo tenía ganas de coger a quien fuese. He visto corrupción en el Concello de Vigo y he vivido cómo mi padre [constructor] tuvo que regalar una planta de tres pisos a un extorsionador en Ourense. Y en este caso, funcionarios y personas que conocían a los ex concejales me decían ´ojalá los cojas". El defensor de Alejandro Gómez incluso habló de que la operación pretendía destapar corrupción en diversos ayuntamientos. Rodríguez lo niega, pero no duda en afirmar que "la tramitación del Plan Xeral de Baiona es dudosa. El padre de la concejala de Urbanismo tiene parcelas en huevos fritos. Las suyas son la yema y los propietarios colindantes, la clara".
