El PSdeG-PSOE ha afirmado ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado que no se concederán nuevas centrales en el río Miño y que únicamente "podrían estudiarse modificaciones en las centrales que existen desde los años 60, si no perjudican al medio natural".

En relación al estudio de impacto ambiental que demanda la Plataforma en Defensa do Río Miño, alcaldes de municipios ribereños, colectivos naturalistas y de pescadores, Fidalgo sostuvo ante la Comisión que la "mejor programación y estudio es el Plan Hidrológico de la Cuenca Miño-Sil, que está próximo a aprobarse", dado que "será la norma que regule definitivamente los aprovechamientos de todo tipo en los ríos de la cuenca ", como establece la normativa europea a través de la Directiva Marco del Agua , y la española a través de la Ley de Aguas, puntualizó.

Explicó que cuando se elabore el estudio de impacto ambiental, se someterá a información pública. Una vez cuente con el informe de todas las Administraciones, sería cuando podría tomarse una decisión "en todo caso, no procede conceder nuevas centrales", reitera Fidalgo.

El senador socialista arremetió contra el BNG acusándole de inventar "mentiras sobre proyectos de nuevas centrales en los ríos de la cuenca". Reiteró que "no se va a hacer ninguna central nueva en el cauce del Miño y menos en su desembocadura".

Considera el senador que en España y en Europa hay garantías suficientes para proteger los espacios y patrimonio natural y apuntó que la Red Natura es una normativa europea que obliga a los estados miembros a esa protección, como también lo hace la normativa marco del Agua que regula cómo pueden ser los aprovechamientos hidroeléctricos.

El pasado día 8 de octubre se daba a conocer el rechazo por parte del pleno del Senado de la iniciativa del senador nacionalista Pérez Bouza que, entre otras cuestiones, instaba al Gobierno a llevar a cabo un estudio de impacto ambiental para determinar si la cuenca del Miño está sobresaturada.

Acto seguido, la Plataforma en Defensa do Miño informaba de ello, reivindicando la elaboración de dicho estudio y advirtiendo de la vigencia de las concesiones para tres presas formalizadas en época franquista.

Alcaldes de la ribera del Miño, colectivos ecologistas y de pescadores, apoyaron de inmediato la demanda del estudio de impacto ambiental.