La Policía Local de Redondela precintó ayer tres instalaciones de una planta de hormigones del barrio de Millarada, en Vilar de Infesta, que carecen de licencia de apertura y de actividad. Los agentes actuaron en base a una resolución de la Alcaldía por la que se ordena la clausura inmediata de las instalaciones en situación irregular con el fin de preservar la salubridad y seguridad de los vecinos del entorno. Horas después los agentes verificaron que el precinto había sido roto, por lo que tomaron fotografías y emitieron un informe para que el Concello tome las medidas que correspondan.
La actividad de esta misma fábrica fue clausurada el pasado 23 de septiembre por la Policía, aunque la empresa rompió también entonces los precintos y mantuvo el trabajo, según consta en el expediente municipal, por lo que se puso en conocimiento del Juzgado de Redondela.
Una década de conflicto
El conflicto con la cementera de Vilar lleva más de una década sin resolverse. En junio del pasado año una resolución de la Alcaldía ordenaba la anulación de la licencia de apertura y actividad de la empresa, otorgada en diciembre de 1998, en conformidad con un dictamen del Consello Consultivo de Galicia con carácter preceptivo y vinculante.
Esta decisión se basaba en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo, confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en marzo de 2007, que obligaba al Concello redondelano a iniciar un procedimiento para la revisión de la licencia de actividad tras las denuncias presentadas por un ciudadano, Xosé Manuel Crespo, que reside en las inmediaciones de la fábrica.
El dictamen del Consello Consultivo señalaba que se cometió una "clara infracción urbanística", puesto que el emplazamiento, según consta en el documento, "no permitía la instalación de una fábrica de tal naturaleza, cuestión que debía haber tenido en cuenta [el Concello] en el momento de otorgar la licencia de actividad, pues vicia de nulidad la misma".
Además, según la resolución del Consello Consultivo, la licencia también se concedió "sin la correspondiente autorización del organismo de cuenca para la realización de vertidos".
Sin embargo, la clausura de la planta podría acarrear consecuencias negativas para las arcas municipales, puesto que el empresario reclamaría una indemnización millonaria. Para evitar este problema, el Ayuntamiento interpuso un recurso de lesividad ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, por lo que será un juez el que dictamine el final del proceso.
La empresa de hormigones también tuvo que paralizar su actividad nocturna el pasado mes de julio a raíz de otra denuncia de un vecino, al que el juez da la razón al entender que los ruidos que provoca la planta vulneran sus "derechos fundamentales".
