La técnica de administración general del Ayuntamiento de Gondomar, Elena Ares, explicó hoy en Vigo que realizó un informe en el que recomendaba paralizar la concesión de licencias en febrero de 2006 tras recibir un "requerimiento" del entonces regidor, José Carlos Silva (PP), para actuar conforme al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1997 y en el que se le solicitaba que realizase un informe sobre la situación del documento urbanístico.
La funcionaria, que declaró hoy como testigo en la vista oral que se desarrolla en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo, en la que Silva y los otros cinco ediles que conformaban la comisión de gobierno en 2005 y 2006 se enfrentan a una petición de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación urbanística, a raíz de la presunta concesión de 37 licencias cuando el PGOM había sido anulado por los tribunales.
En este sentido, la funcionaria explicó que, cuando se incorporó para trabajar en el Ayuntamiento de Gondomar en 2005, informó favorablemente las licencias en base al acuerdo plenario del 10 de mayo de ese año, donde el PGOM de 1997 que había sido anulado por los tribunales se adaptó con el objetivo de cumplir la legalidad. Según explicó la funcionaria, en base a este acuerdo, las licencias fueron informadas de forma favorable por los técnicos.
Sin embargo, la Xunta recurrió este acuerdo, que fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en una sentencia del 21 de noviembre de 2005 pero que no se incorporó al expediente hasta el 16 de enero.
En este sentido, Ares aseguró que no supo de la sentencia de anulación hasta el mes de febrero, cuando recibió "un requerimiento del alcalde para actuar según el PGOM de 1997" e "informar" al respecto. Así, la técnica acudió al expediente del citado Plan General para ver en qué situación se encontraba.
Auto
De esta forma, encontró el auto judicial que anulaba el acuerdo del pleno por el que se daba por validado el documento urbanístico, y elaboró un informe "diciendo que convenía paralizar" las licencias.
Tras este informe, la mujer declaró que fue convocada a una reunión junto al entonces alcalde, los arquitectos y la secretaria y donde "un abogado externo" explicó que se había interpuesto un recurso de casación -que sería desestimado en 2008-- contra el auto de noviembre, dado que la sentencia no era "firme".
La funcionaria explicó que, mediante el acuerdo plenario fue valorando favorablemente las licencias, incluso cuando había llegado un requerimiento de la Xunta en el que se rechazaba el acuerdo y en el posterior recurso presentado, puesto que "no se paralizan si el propio Ayuntamiento o el propio tribunal no ordenan la paralización cautelar".
Por ello, explicó que actuó de esta forma hasta que le ordenó informar sobre el PGOM de 1997 y encontró un auto que decía "muy claro" que el acuerdo plenario no era válido y había que paralizar los permisos.
Secretaria
Por su parte, la que fue secretaria del Ayuntamiento entre 1995 y octubre de 2005, Ana Begoña Merino, también prestó declaración hoy en calidad de testigo y se ratificó en el informe elaborado a raíz de la llegada de la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el PGOM de 1997 (en febrero de 2005) y donde afirmaba que la sentencia era "inequívoca" aunque, más adelante, explicaba las correcciones que, a su juicio, se podían efectuar en el documento para adaptarlo a la legalidad. Ante esta supuesta contradicción, tanto el juez como la fiscal se mostraron extrañados.
El informe de la secretaria, de fecha 28 de abril de 2006, iba incluido en el expediente del pleno del 10 de mayo de ese mismo año, donde se acordaron las citadas modificaciones, y por el que se otorgaron las licencias.
Sin embargo, tras el rechazo comunicado por la Xunta, la secretaria elaboró otro informe donde advertía de los posibles problemas que se podrían derivar en caso de que el Ejecutivo gallego acudiese a los tribunales y éstos anulasen la resolución plenaria, como finalmente ocurrió.
Asimismo, recomendó recurrir al Centro Provincial de Asesoría Municipal (Cepam) de la Diputación de Pontevedra, organismo que también elaboró un informe que, según la secretaria "avalaba" su decisión.
En cuanto a la defensa del PGOM tras la sentencia anulatoria del Supremo, aseguró haber tratado del tema con el alcalde y haber hablado de recurrir al despacho Garrigues, que ya había llevado algún otro asunto en el Ayuntamiento y que, tomando esa referencia "no era especialmente caro".
Ana Begoña Merino explicó que las licencias otorgadas fueron informadas favorablemente conforme al acuerdo del pleno de 10 de mayo. Según añadió, la decisión de la junta de gobierno solía seguir el criterio dictado por los técnicos.
BNG
Además, el actual alcalde de Gondomar, José Antonio Araújo, también declaró hoy, pues en aquel momento era el portavoz del BNG, grupo político que estaba en la oposición y que acudió a la Fiscalía para denunciar los hechos. El nacionalista aseguró en su declaración que el anterior Gobierno local había contratado un técnico externo para informar licencias.
Por otra parte, la defensa le preguntó sobre unos documentos relativos a una licencia de obra correspondientes a una prima suya y que fueron presentados en aquella época por él mismo. En este sentido, explicó que se trataba de "un expediente que estaba en marcha" y que su familiar no podía acudir al Ayuntamiento y le había pedido que se los presentase.
La vista oral comenzó ayer, cuando declararon el ex alcalde José Carlos Silva y los entonces concejales del PP y miembros de la junta de gobierno José Luis Mosquera, Angel Gregores, Abelardo Meneses, José Misa y Jaime Rial. Tras la sesión de hoy, el juicio se reanudará el próximo día 1 de diciembre, cuando testificará otra secretaria municipal.
