17 de julio de 2008
17.07.2008
redondela

La anulación de una licencia obligará al Concello a indemnizar a una cementera

17.07.2008 | 02:00
Vista exterior de la empresa Hormigones Vigo, situada en la parroquia redondelana de Vilar de Infesta. /

La única vía que le queda al gobierno local es un recurso de lesividad para que decida un juez

El Concello de Redondela celebra hoy un pleno extraordinario del que dependerá el cierre de una planta de hormigones de Vilar de Infesta con unas consecuencias nefastas para las arcas municipales, puesto que la empresa reclamaría una indemnización millonaria al ayuntamiento.
La sesión plenaria responde a una resolución de la Alcaldía del pasado 2 de junio por la que ordenaba la anulación de la licencia de apertura y actividad de la empresa Hormigones Vigo S.L., otorgada en diciembre de 1998, en conformidad con un dictamen del Consello Consultivo de Galicia con carácter preceptivo y vinculante.
Esta decisión se basa en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo, confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en marzo de 2007, que obligaba al Concello redondelano a iniciar un procedimiento para la revisión de la licencia de actividad tras las denuncias presentadas por un ciudadano, Xosé Manuel Crespo Crespo, que reside en las inmediaciones de la fábrica.
El dictamen del Consello Consultivo señala que se cometió una "clara infracción urbanística", puesto que el emplazamiento, según consta en el documento, "no permitía la instalación de una fábrica de tal naturaleza, cuestión que debía haber tenido en cuenta [el Concello] en el momento de otorgar la licencia de actividad, pues vicia de nulidad la misma".
Además, según la resolución del Consello Consultivo, la licencia también se concedió "sin la correspondiente autorización del organismo de cuenca para la realización de vertidos".
El pleno municipal decidirá hoy si se inicia un expediente de lesividad, única vía que le queda al Concello para evitar posibles indemnizaciones millonarias a la empresa, además de los perjuicios que implica la paralización de una actividad económica de la que dependen numerosas familias. En caso de adoptarse esta medida, el Ayuntamiento interpondría un recurso de lesividad ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, por lo que sería un juez el que dictamine el final del proceso.

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