Esperan desde hace dos años y medio a que les otorguen las licencias para construir sus viviendas, unos permisos que solicitaron e incluso pagaron al concello. Su paciencia se agota, y el enquistamiento de la situación urbanística en Gondomar no ayuda a aliviar su preocupación ni a reparar el daño económico que ya les ha causado.
La plataforma de afectados por el parón urbanístico calcula en más de un millón de euros el montante total de las pérdidas de las 280 familias que, aseguran, siguen pendientes de que se resuelva este problema. Según el presidente del colectivo, Horacio Alejos, se trata simplemente de una estimación aproximada que "sólo tiene en cuenta los gastos de tramitación de las licencias ante el concello", cuyo importe medio asciende a 4.000 euros cada una, indicó.
Pero los perjuicios económicos por el retraso en la concesión de las licencias son más importantes en la mayor parte de los casos,. Por eso los afectados se plantean emprender acciones legales contra el ayuntamiento para demandar indemnizaciones en la que además se contemple, por ejemplo, "el coste de los proyectos y la depreciación de las fincas durante este tiempo", señaló Alejos.
El presidente de la plataforma presentó ayer esta iniciativa, que será debatida en la próxima asamblea y, junto a otros miembros del colectivo, anunció la convocatoria de una concentración pacífica de protesta este sábado, a las 11.30 horas, ante la casa consistorial gondomareña.
"No podemos esperar seis años a que se apruebe un nuevo Plan Xeral", apuntó Ricardo Gondell, secretario de la plataforma, quien reclamó a los políticos "que asuman su responsabilidad y busquen una solución urgente, legal y en un plazo razonable, al bloqueo urbanístico".
Sienten que la corporación municipal y sobre todo el gobierno reciben sus quejas como un "ataque político", cuando lo que pretenden es "que se pongan todos de acuerdo superando rencillas personales que en nada benefician a los vecinos", advirtió Gondell.
Los miembros de la plataforma se defienden también de quienes observan "intenciones ocultas" en sus actuaciones. "No somos promotores inmobiliarios ni seguimos ninguna directriz política, somos simplemente víctimas", apunta el presidente del colectivo de afectados.
