Las investigaciones judiciales sobre la elaboración del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Gondomar deben continuar, pese a que la Corporación lo suspendiese el lunes. Así lo creen los grupos de la oposición, que instaban ayer al fiscal a estudiar a fondo las presiones recibidas por vecinos para que vendiesen sus fincas y a los supuestos coaccionados a poner en conocimiento de la justicia sus casos.
El llamamiento de Move Gondomar, BNG y PSOE responde a las graves acusaciones realizadas por vecinos durante el pleno del lunes, en el que quedó bloqueado el documento urbanístico al abstenerse el PP en la votación. Entre las protestas contra el gobierno municipal, algunos de los presentes aseguraban haberse sentido "coaccionados" para vender sus propiedades. Uno de ellos incluso aseguró que el equipo redactor del plan, dirigido por la arquitecta Marián Leboreiro, le había visitado para lograr que se desprendiese de su parcela. Este gondomareño se refería a terrenos próximos a la denominada "finca Clemente", objeto de uno de los tres convenios urbanísticos que originaron los delitos de cohecho por cobro de comisiones ilegales que se les imputan a los ex concejales Alejandro Gómez Garrido y José Luis Mosquera Veleiro, a la pareja de éste y al arquitecto Borja Ramilo.
Sobre este último, también hubo comentarios del público presente en el salón de plenos. Un hombre aseguró que conocía la existencia de reuniones "nocturnas" de arquitectos en Gondomar para abordar el plan.
Para los tres grupos de la oposición, los asuntos destapados en el pleno resultan "muy graves" y "demuestran que las irregularidades que rodean al Plan Xeral suspendido no se limitan a las detenciones de cuatro personas". "Hay mucho más de lo que sabemos", asegura el portavoz socialista, Carlos Cabaleiro. El independiente Manuel Núñez Sestelo también sospecha de que las afirmaciones de los asistentes al pleno "tienen algún viso de realidad". El portavoz nacionalista, Antonio Araúxo, también indica que la Fiscalía "debería tener en cuenta estas manifestaciones porque son muy graves".
Mientras tanto, el gobierno municipal cerró ayer la oficina del CDL donde se exponía al público el PXOM, en cumplimiento del acuerdo plenario del lunes. Por su parte, el BNG prepara una iniciativa para instar al equipo de gobierno a solicitar el amparo de la Xunta para que "oriente al concello y le aporte unas normas urbanísticas".
Por otro lado, el presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer la postura del alcalde, Carlos Silva, y de su grupo municipal al permitir la suspensión del PXOM con su abstención en el pleno y pidió al PSOE que actúe en Foz "con la misma rotundidad". El líder popular afirmó que "no es el momento" de aprobar el plan de Gondomar porque "crispa a la sociedad".
"En Gondomar el PP actuó con sentido común y disciplina urbanística y nos gustaría que el PSOE hiciese lo mismo en Foz", explicó.
