Afectados del "puerto seco" amenazan con paralizar las obras por faltar pagos

La principal asociación de afectados por las expropiaciones de la Plataforma Logistica e Industrial de Salvaterra y As Neves, conocida como "puerto seco" amenazó ayer a los promotores con paralizar las obras licitadas el jueves por la Autoridad Portuaria de Vigo, si por parte del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) no se resuelve el problema surgido en los últimos días y que radica en la negativa de entregar los cheques a algunos de los expropiados aludiendo falta de documentación. Los afectados anuncian también una querella criminal contra un funcionario del Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependiente de la Consellería de Política Territorial.

Alejandro Rodríguez, presidente de la asociación de afectados, señaló ayer que después de casi mes y medio de pagos a los afectados por la expropiación del Puerto Seco "o funcionario do IGVS encargado dos pagamentos ós afectados, que está rexeitando entrega-los cheques ós asociados o considerar agora que os expedientes están incompletos".

Actitud arbitraria

Para la principal asociación de afectados, que representa a cerca de 700 afectados y a casi tres millones de metros cuadrados de la superficie total de la futura Plataforma Logística, esta actitud es "arbitraria" y una vulneración de los acuerdos de la Comisión de Seguimiento, formada por los afectados y los Promotores al principio del presente año, tras una campaña de movilizaciones vecinales. "Esta tamén en contra dos informes xurídicos do propio IGVS, e da promesa feita por Daniel Pino, novo Director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, que fixaba como único documento necesario para o cobro o DNI de cada asociado afectado", indica el presidente de esta asociación de afectados.

Alejandro Rodríguez manifestó que considera esta medida un atropello al derecho de igualdad "xa que a outras personas téñenselle feito pagos das expropiación sen tanto requisito".

La asociación de afectados indicó también que tras los infructuosos intentos para que los superiores del funcionario lo obrigasen "a cumpri-la lei e os acordos", llevan a la asociación a presentar una querella criminal contra este funcionario por supuesta prevaricación, y adoptar medidas legales y de movilización vecinal que obliguen a paralizar las obras recientemente licitadas por la Autoridad Portuaria, "mentras non se fagan os pagos da maneira acordada".

Alejandro Rodríguez cree que "é inexplicable que despois do intenso traballo de colaboración entre a Asociación, as empresas consultoras e a Administración, se teña citado os expropiados para o cobro e se diga agora que os expedientes están incompletos. Nós interpretámolo como unha cuestión de mala fe. Non vamos a tolerar baixo ningún concepto o comezo das obras estando a xente sen cobrar. Se queren guerra, van ter guerra".