25 de febrero de 2020
25.02.2020

El Celta, afectado por una trama de fraude con promesas por el fichaje de Radoja

Los agentes, cuando un equipo se interesaba, simulaban que el jugador había sido contratado por otro club para engordar su precio

25.02.2020 | 16:51
Radoja, durante su etapa en Balaídos // Marta G. Brea

Los agentes de futbolistas investigados por blanqueo captaban a jóvenes promesas y cuando un club importante se interesaba por alguno de estos jugadores simulaban que habían sido fichados por otro club -del que nunca llegaban a vestir la camiseta- para venderlos por más dinero y además con beneficios fiscales.

La Guardia Civil ha informado hoy martes de una investigación, junto a la Agencia Tributaria, a varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales por supuestamente llevar a cabo fichajes ficticios a cabo por una conocida agencia de representación europea.

Entre los equipos españoles que habrían sido víctimas del entramado, sin saberlo, están el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Celta, el Sevilla, el Almería o el Sporting de Gijón, han precisado a Efe fuentes de la investigación. A todos estos clubes se les han requerido contratos de determinados jugadores para confirmar los posibles delitos cometidos por los investigados.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, los fichajes de los que se ha requerido información son el de Jovic (Real Madrid), Kalinic y Savic (Atlético de Madrid), Seferovic (Real Sociedad), Jovetic y Konoplyanka (Sevilla), Musonda (Betis), Radoja (Celta), Coric (Almería), Scepovic (Sportin de Gijón), Sadiku (Málaga y Levante) y Zdjelar (Mallorca).

Según las fuentes la agencia implicada es Primus Consultance -anteriormente Lian Sports- en la que son socios el albanés Fali Ramadani y el exportero serbio Nicola Danjanak, que son los dos principales investigados en la trama y habrían introducido en España más de diez millones de euros para adquirir viviendas, yates y mantener un elevado nivel de vida.

El entramado funcionaría desde al menos 2015 y fue en 2017 cuando la Guardia Civil comenzó la investigación a Ramadani y Danjanak después de que adquiriesen lujosas viviendas en la localidad mallorquina de Calviá.

Los investigadores han constatado que ambos presuntamente captaban a jugadores que despuntaban en equipos de países del Este como Serbia o Rumanía y cuando veían que un club europeo de primera se fijaba en ellos simulaban que era fichado por uno de los clubes que controlaban, como el Apollon Limasol de Chipre.

Así lo vendían más caro al club de primera y además conseguían beneficios fiscales ya que en Chipre la tributación por este tipo de operaciones es mínima. Los jugadores no llegaban a vestir la camiseta del club chipriota y solo figuraban en él el tiempo mínimo para asegurar la venta al equipo grande, han precisado las fuentes.

La investigación, iniciada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, que mantiene la causa secreta, han precisado fuentes jurídicas.

En la denominada operación Lanigan han participado cerca de un centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria. Se ha llevado a cabo en las Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra, donde se han registrado domicilios y sedes de empresas.

También se han practicado medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de fútbol y bufetes de abogados.
Los dos principales investigados habrían introducido en España más de 10 millones de euros para mantener un elevado nivel de vida, y en esa operativa para introducir el dinero jugaba un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países.

Los trabajadores de este despacho habrían participado en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero, así como en la estrategia de deslocalización fiscal para evitar el pago de impuestos en España.
Para la Agencia Tributaria es una parte fundamental de la investigación determinar la residencia fiscal de los investigados en España, para así poder imputarles los delitos, han precisado fuentes de la investigación.

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