El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años de cárcel para un policía nacional que "filtró información oficial y secreta" a una organización dedicada al tráfico de drogas en Galicia que estaba siendo investigada.

El acusado había presentado recurso contra la resolución de la Audiencia de Madrid que ha sido rechazado por el Supremo al entender este último que el hombre cometió "un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos" con el atenuante de dilaciones indebidas.

Los hechos ocurrieron en el año 2013, cuando el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado de la Policía Nacional (GRECO) de Galicia estaba investigando a una organización encargada de introducir droga en España. En ese momento el condenado estaba destinado en la Secretaría de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDYCO Central). De esta forma, y "en detrimento de las funciones de investigación encomendadas al Cuerpo Nacional de Policía", el hombre filtró información a los miembros de la organización criminal.

En mayo de 2013, por ejemplo, les comunicó que la policía tenía controlado un barco cargado de cocaína en alta mar, un chivatazo que obtuvo gracias a un fax de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Además, un mes después, efectuó numerosas consultas en las aplicaciones de la policía para obtener información sobre atestados y datos personales que facilitó a la banda.

Por su parte, en el recurso, el agente alega que no queda probada su participación en los hechos porque "lo único que podría deducirse es que con su clave y contraseña se ha consultado la base de datos policiales, puede que sea él, puede que no, pero en ningún caso que la información consultada se cedió a terceros y mucho menos a la supuesta organización".

Algo que ponen en entredicho sus propios compañeros que aseguran que las claves son personales e intransferibles, además de que el acusado no logra explicar porqué entró tantas veces a consultar esos datos.

Además de a tres años de prisión el Tribunal ratifica la inhabilitación absoluta para el ejercicio del empleo público durante seis años.