La Audiencia Provincial de Lugo acoge, a partir de mañana, el arranque del juicio por el crimen de la pequeña Desirée Leal, asesinada el pasado 3 de mayo de 2019, presuntamente, a manos de su madre, en la localidad de Muimenta, en Cospeito (Lugo).
La acusación solicita para la madre la pena de prisión permanente revisable. El Juzgado de Instrucción número 1 de Vilalba dictó a mediados del pasado mes de marzo auto de apertura de juicio oral contra la madre de la niña, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza, al entender que de las diligencias practicadas se desprende "la existencia de indicios racionales de criminalidad" contra la investigada.
En el citado auto, la jueza sostiene que los hechos podrían ser tipificados como un delito de asesinato con alevosía, concurriendo las agravantes de parentesco y la atenuante de anomalía o alteración psíquica. La magistrada afirma que la mujer, llamada a testificar mañana, "urdió un plan dirigido a acabar con la vida de su hija".
3 de mayo de 2019
Los hechos probarían que, durante la madrugada del 2 al 3 de mayo, la mujer, según explica en su exposición la magistrada, presuntamente asfixió a su hija, que en ese momento tenía siete años, después de haberle suministrado un fármaco para inducirla al sueño. La niña, que dormía en la misma cama que ella, llegó a despertarse y a oponer resistencia.
La acusada, según consta en la resolución, fue diagnosticada de un trastorno de personalidad de tipo mixto y de un trastorno psicótico, los cuales pudieron afectar de manera parcial a sus capacidades intelectivas y volitivas.
Además de la Fiscalía, en el caso también están personados como acusación particular el padre de la niña, José Manuel Leal, y como popular la Fundación Amigos de Galicia. Las acusaciones solicitan la prisión permanente revisable para la madre de la niña como autora de un delito de asesinato con alevosía, concurriendo las agravantes de parentesco.
Asimismo, Fiscalía y acusación popular solicitan una indemnización de 300.000 para el padre de la pequeña, mientras que la particular pide 120.000 euros.
En la vista oral prestarán declaración una veintena de testigos, peritos, los agentes que llevaron la investigación y tres facultativos.
