En España sufrimos una clara politización de la Justicia. Tan clara que a veces hasta resulta vergonzosa. Una y otra vez Europa envía sus recomendaciones al Gobierno en forma de advertencias certeras sobre el manejo político de la Justicia. Es el caso de poner a dedo a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, según qué color. O de que algún fiscal parezca priorizar la defensa de ciertos imputados. De esto el Gobierno no se da por enterado.
¿Cómo van a prosperar las investigaciones sobres tramas de corrupción? Aparte de dejar en evidencia la tan cacareada independencia de la Justicia. Cuando ese mismo Gobierno recorta en sanidad no tiene el mínimo empacho en echarle la culpa a la recomendación de Europa. O cuando reduce las pensiones "para cuadrar las cuentas" --"Europa nos lo exige"--. Así una vez y otra: cuando el Gobierno ejerce una restricción a nuestro bienestar es por causa de Europa. Pero nunca atiende a Europa en sus advertencias sobre la Justicia. ¿En qué quedamos?
Decía cierto articulista que "cuando el Derecho es inaccesible para la mayoría, o lo gestionan delegados del Gobierno y de los partidos, puede decirse que la Justicia es una ficción". En otras palabras: la Justicia española se ha convertido en vasallo del poder político. Tal es el caso del Consejo General del Poder Judicial -máximo órgano legislativo- o el Tribunal Constitucional cuyos cargos se reparten impunemente los partidos. Entonces, ¿a quién echamos la culpa de que no funcione la Justicia?
