Tengo la sana costumbre de dedicar un par de horas cada jornada a escribir una carta al director. Me resulta instructivo el ejercicio de contrastar lo que se publica en diferentes periódicos, bucear en las hemerotecas para ver cómo han ido evolucionando políticas, causas judiciales, etc. y, por supuesto, muy gratificante saber que algún lector habrá ojeado esas líneas y, quizás, concordado con alguna de las ideas plasmadas en ellas.

Aunque gran parte de estas cartas versan sobre la actualidad política, en alguna me permito ser más personalista y arrimar el ascua a mi sardina. Es el caso de esta, en que una muy mejorable experiencia con el sistema público de salud me hace compartir con ustedes esta queja, frustración y pesadumbre.

Hace unos días, mi hijo de 7 años tuvo un problema de salud (la omisión de detalles es deliberada, para preservar su intimidad) que requiere la realización de ciertas pruebas en un plazo de 1 o 2 meses. Me dirigí al centro de salud para exponer el problema y asesorarme sobre la mejor manera de gestionar la realización de esas pruebas y organizar una consulta con el especialista y se me cayó el alma a los pies con las respuestas que recibí, tanto del personal administrativo como del pediatra. Aquel me indicó que las citas para la especialidad requerida se estaban dando para 2020 (incluso en casos "preferentes", como el que nos ocupa, en los que no serviría de nada una cita a más de seis meses vista); el pediatra, por su parte, confirmó la información facilitada por sus colegas y se ofreció a pedir una de las pruebas directamente con carácter "preferente", no sin advertirme que no me hiciese ilusiones, pues no podía garantizarme que fuesen a llamarme en un plazo acorde a las necesidades médicas de mi hijo.

¿Saben ustedes cuál es el presupuesto de la Consellería de Sanidade para 2019? 3.984 millones de euros. Con esas cifras, y si las cuentas no me fallan, cada una de las 2.699.299 personas que vivimos en Galicia deberíamos tener la posibilidad de recibir, en caso necesario, asistencia médica por los 1.475 euros de "nuestro pedazo de la tarta". Evidentemente, todos entendemos que algunos ciudadanos precisarán de cuidados sanitarios mucho más onerosos y que, por ende, otros deberemos apretarnos el cinturón. No obstante, me parece que la salud de nuestros niños -sobre todo cuando se trata de afecciones de cierta gravedad, y en las que existe un apremio contrastado por la realización de pruebas diagnósticas- debería tomarse en serio.

No deberíamos permitir que las deficiencias organizativas de políticos y gestores públicos mermen la calidad de vida de jóvenes, adultos y mayores en un ámbito tan importante como la sanidad, especialmente cuando cada gallego paga en impuestos más de 120 euros al mes para sufragarla y cuando por ese dinero -1.485,12 euros anuales, para ser exactos- usted o yo podemos contratar seguros privados que ofrecen asistencias completísimas en las clínicas más exclusivas sin desembolso alguno y acceso a cualquier médico privado en España o en el extranjero pagando únicamente entre el 10 y el 20% de su tarifa. Si el sector privado puede ofrecer una asistencia sanitaria esmerada a un coste razonable, el sistema público -en el que no hay accionistas a los que remunerar- debiera poder hacerlo también.

Por mi parte pondré mi granito de arena entregándole en mano el FARO DE VIGO al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, cuando nos crucemos como cada mañana: yo llevando a mi hijo a la parada del autobús, él camino de su coche oficial.