El anuncio del Supremo ha generado una incertidumbre hasta el 5 de noviembre. Veremos cómo resuelve.

El origen del impuesto (Actos Jurídicos Documentados) corresponde a las autonomías, suponiendo unos ingresos directos a la administración de los que nadie discrepa.

Cada autonomía, de forma diferente, aplica un fijo sobre la cantidad de folios notariales utilizados en la escritura por una parte y, por otra, la complicada, un porcentaje sobre la mayor cantidad resultante de los cálculos que cada banco establece sobre la garantía hipotecada incluyendo reclamaciones, gastos ocasionados, aplicación de intereses de demora y demás, que suponen en casos anteriores al año 2013, cuando la ley limitó los cálculos bancarios, casi el doble de la cantidad prestada cuyo resultado se establece como base imponible.

Este impuesto autonómico se repercute, hasta la fecha, al prestatario que acepta en escritura. El pronunciamiento que nos ocupa viene a decir que este impuesto lo tendrá que pagar el banco en base a que la escritura de hipoteca la exige por su interés de garantizar legalmente la recuperación del préstamo. Como a quién más le interesa es al banco, que sea quién lo pague.

Con pronunciamientos como este, sin acuerdo del poder judicial, caminamos hacia un sinsentido de reglas sociales.

La repercusión de esta norma traerá consigo incrementos desproporcionados del precio que tenga el dinero: siempre acaba pagando el consumidor. Si se aplica con carácter retroactivo el futuro de la banca será muy incierto. Se ha visto la Bolsa.

Consecuentemente se podrá aplicar a las ventas a plazos, préstamos personales, etc. En suma, los aplazamientos tendrán un incremento de precio o simplemente no existirán.

Cuando se pide dinero para adquirir un bien a un precio que no se dispone es obvio que lo recibimos estando de acuerdo con las condiciones pactadas. Si con estos actos, los sistemas políticos quieren beneficiarse con impuestos añadidos, el consumidor es lógico que se sienta perjudicado. Este gravamen al tener que pagarlo el banco tendrá una reacción; no dar préstamos o darlos más caros. Fácil de entender.

Deberíamos tener en cuenta la importancia económica y social de los préstamos hipotecarios en este país. La promoción de vivienda junto con el desarrollo industrial han sido posibles gracias a la financiación hipotecaria.

El siglo pasado, la banca pública, por medio del Banco de Crédito a la Construcción, creado en la postguerra, después Instituto de Crédito Oficial (ICO) con sus bancos entre ellos el Banco Hipotecario de España, iniciaron una labor básica para que en la sociedad la vivienda fuese un bien social, con diferentes fórmulas: V.P.O, viviendas sociales y promoción privada? Se sumaron las Cajas de Ahorro y a finales de siglo se incorporó la banca privada canalizando su principal negocio hacia el mundo hipotecario. La cultura social sobre este medio de financiación pasó de ser una vergüenza familiar el hipotecarse a ser un producto popular, necesario y práctico.

Seamos conscientes de que la banca es un servicio necesario e imprescindible en nuestro sistema. El capital es miedoso. El consumidor debe estar vigilante a los abusos que pueda cometer; depósitos inseguros, comisiones desproporcionadas, mantenimientos, actos fraudulentos, usura, tarjetas de crédito, valoraciones indebidas, cobros por ingresos, etc. es decir abusos de poder? pero a la banca no le corresponde ser víctima de un aquelarre populista en forma de asociaciones espontáneas, que en resumen está debilitando todavía más el flujo de crédito y consumo social por irresponsabilidad del Poder Judicial claramente descompuesto, que favorece a una parte de la sociedad parásita que exige tener derechos sin obligación alguna, perjudicando un sistema productivo y de consumo con el que hemos vivido hasta ahora. Sentido común.