La UE amenaza con multar a España por fallos en el saneamiento de 180 municipios, de los que siete son gallegos: Baiona, Nigrán, Gondomar, A Estrada, Maceda, Burela y Foz. En principio, desde el 31 de diciembre de 2005, obligaba a contar con sistemas colectores para las aguas residuales urbanas, así como disponer de un tratamiento secundario (biológico) o equivalente para esas aguas residuales, además de imponer un sistema de control, tanto para las aguas sometidas a vertidos desde las instalaciones de tratamiento como para los vertidos directos. El objetivo es verificar que esos vertidos no tienen efectos negativos sobre el medio ambiente. En el caso de Baiona, Nigrán y Gondomar, la preocupación de Bruselas es "acabar con el supuesto impacto de la contaminación microbiológica procedente de la generación de aguas residuales" en espacios de "Red Natura 2000 y zonas de producción de moluscos" en el estuario de A Ramallosa, exigiéndose tratamientos más rigurosos para estas aguas residuales, al tratarse de zonas sensibles por su valor natural y económico.

Por la razón expuesta, el Tribunal de Justicia estima pertinente imponer a España sanciones pecuniarias por tales fallos, con una suma a tanto alzado de 12 millones de euros, así como una multa coercitiva de 10,95 millones de euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para cumplir hasta la plena ejecución de la resolución de una sentencia que data de 2011.

Una vez detallada tal amenaza hacia España sería bueno si la Comisión Europea, por su parte, cumple con sus funciones en un escenario de trabajo, donde se mete las tijeras en dos de las partidas clave para España, tales como son la política agrícola común y la política de cohesión.

En esa minuta planteada por la UE existe una polémica que agudiza el requerimiento de fondos, limitada solo para nuevas prioridades con un 15% (95.000 millones menos) para algunas regiones españolas, solo algunas de ellas recibirían dichas ayudas, cítese Extremadura, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, quedando sin nada Galicia, Cataluña, la Comunidad Valenciana, entre otras, para impulsar proyectos relacionados con el conocimiento y la innovación o mejorar la competitividad de las pymes y la economía verde.

Aún así, si el recorte llega al 33% (124.000 millones menos), todas las regiones españolas, incluidas las más pobres, quedarían excluidas del acceso a los fondos estructurales y a las ayudas a la cohesión.

Según el diagnóstico de Bruselas, la UE necesita más dinero para reforzar otros programas, como la I+D, Erasmus, la lucha contra el terrorismo, mejorar la defensa europea, blindar fronteras y controlar la presión migratoria. En este sentido, un sistema de gestión de fronteras completo implicaría una plantilla de 100.000 funcionarios y un equipamiento comparable al de Estados Unidos o Canadá, lo que requeriría 150.000 millones en siete años, según la Comisión Europea. Asimismo, habría que añadir el dinero destinado a la defensa europea, de 3.500 a 10.000 millones; doblar el dinero para innovación e investigación, de 80.000 millones a 160.000, lo que permitiría crear 650.000 empleos para 2040?, etc.

Con un presupuesto del 1% del PIB no es suficiente, por lo tanto es necesario atender a la agricultura y a la cohesión. A la espera de un debate serio en una Europa cada vez más dividida, lo único claro es que España se convertirá a partir de 2021 en contribuyente neto al presupuesto de la UE, lo cual quiere decir que aportará más de lo que recibirá.