Cuando un pueblo está sometido a dominación o colonialismo, incluso con distanciamiento geográfico, y se vulneran ostensiblemente los derechos democráticos, es comprensible que pretenda desvincularse del dominante que ejerce la soberanía, reclamando la independencia.
El caso de Cataluña nada tiene que ver con esa situación y circunstancias. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, en un delirante alarde de prepotencia, manifiesta abiertamente, obviando la legalidad constitucional, que el independentismo tiene como único objetivo declarar la República de Catalunya. Y pretende hacerlo al margen de la ley, porque dice no reconocer las leyes del Estado español.
El señor Puigdemont y los miembros de su Gobierno, inmersos en un flagrante acto de sedición -rebeldía pura y dura-, y en su obsesivo derecho a decidir, sospecho que no han calculado inteligentemente el alcance de su perversa decisión, cuyas consecuencias, si la cordura y la sensatez no lo impiden, pueden conducir al pueblo catalán al borde del abismo.
