Centros de educación diferenciada

La mayor parte de los ciudadanos de este país entendemos, y así lo refrendamos en nuestra Constitución, que los poderes públicos deben garantizar el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestras convicciones. Para el ejercicio de esta libertad fundamental es obvio que necesitamos tener distintas opciones educativas y elegir entre ellas la que más se ajuste con nuestro modelo educativo. Sin embargo, para que esta posibilidad de elección sea realmente igual para todos y no sea más que una ilusión reservada para los más pudientes y ricos, es absolutamente necesario que los poderes públicos apoyen a todas las opciones con sus ayudas y conciertos.

La Unesco, en el art. 2 de la Convención de la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, estableció tajantemente, en relación a la discriminación por razón de sexo, que "no serán constitutivas de discriminación la creación o mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino". Como no podía ser de otra forma, nuestra legislación ha acogido este principio en sus distintas normas y así lo ha reconocido también el Tribunal Supremo. Por ello, por mucho que se empeñen determinados círculos de poder, es una falacia negar los conciertos a los centros de educación diferenciada con base a la discriminación por razón de sexo.

En todo caso, al igual que las decenas de miles de padres que han optado por este modelo educativo, si viésemos que nuestras hijas o nuestros hijos fuesen objeto de discriminación, no creyésemos que este modelo educativo defiende con fuerza la igualdad de oportunidades de nuestras hijas y de nuestros hijos o no los viéramos cada día inmensamente felices en sus colegios, no necesitaríamos de falsos profetas o "insultadores profesionales" para optar por otros modelos educativos.