Ley de Normalización Lingüística Gallega (LNL), aprobada por consenso en 1983 por nuestro Parlamento, dice en su artículo 13.1 que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna (de las dos oficiales que hay), y que el Gobierno gallego tomará las medidas necesarias para que los niños reciban esa primera enseñanza en su lengua materna. Si en Galicia unas familias hablan gallego y otras castellano, ¿de qué otra manera se puede cumplir ese precepto de la Ley más que estableciendo unos colegios donde se imparta la enseñanza en gallego y otros en castellano?

Más adelante, en esa misma LNL, el artículo 13.3 dice que los alumnos no podrán ser separados en centros diferentes por razón de la lengua, pero añade que sí que podrán ser separados en aulas diferentes con carácter excepcional y cuando las necesidades pedagógicas así lo aconsejen. ¿Y hay mayor excepción que permitir que se cumpla la ley (artículo 13.1), aplicando los criterios pedagógicos en vez de los políticos, y evitando el perjuicio que se les hace a los niños al obligarles a recibir la enseñanza en una lengua que no es la que hablan en sus casas? Lo ideal es que cada familia pueda elegir el colegio según sus preferencias lingüísticas, y si la mayoría de padres en un colegio quiere la enseñanza en una lengua, los profesores deberían tenerlo en cuenta antes de imponer sus preferencias: actualmente muchos profesores y colegios que optan por el gallego ni siquiera se atreven a preguntar a las familias por sus preferencias. Y si en un colegio hay alumnos que no hablan gallego (por ejemplo niños de familias que vienen de otros sitios de España, o emigrantes), habrá que enseñarles gallego y asegurarse de que lo aprenden, pero habrá que respetar su derecho a aprender a leer y a escribir en su lengua materna, y habrá que darles las matemáticas y las demás materias en castellano. Y si para eso hay que hacer 2 aulas, lo lógico es hacerlo, y la ley lo permite: si no se hace, se incumple el artículo 13.1 de la LNL. Es distinto segregar (separar a unos de otros contra su voluntad) que dejar elegir colegios donde la enseñanza se imparte mayoritariamente en gallego o en castellano, o al 50%, como ocurre en el País Vasco y en todos los países democráticos con más de una lengua oficial. Ese es el modelo que Feijóo prometió, al ofrecer un casilla donde los padres pudiéramos elegir la lengua de la enseñanza para nuestros hijos. Es el modelo que los gallegos ratificaron con su voto en las urnas al darle la mayoría. Pero Feijóo no ha cumplido lo que prometió, al imponer un equilibrio de lenguas en vez de la verdadera libertad que queremos la mayoría.

Si la LNL plantea un dilema, hay que superarlo con una correcta interpretación, o modificar la Ley para corregir la supuesta incongruencia. Pero no parece el mejor modo de regular el idioma en la enseñanza el que plantean los defensores del idioma único (los impositores del gallego), que no saben o no quieren distinguir segregación de elegir libremente un opción legal. (Si en vez de defender la lengua defendieran la religión, exigirían que a todos los niños gallegos se les inculcaran sus creencias, y dirían que elegir alternativas a la religión sería segregar a los niños). Niegan la libertad de elección y de colegios diferenciados en base a un artículo de la Ley, el 13.3, que incluye en su texto la posibilidad de excepción; pero impiden que se cumplan nuestros derechos que quedan claros en un artículo que le precede en la Ley, el 13.1, y que no admite ninguna excepción. El Bipartito en su anterior Decreto aún vigente incumplió gravemente ese artículo, al imponer el gallego para todos los alumnos gallegos desde el principio durante toda la escolarización. La sociedad gallega rechaza la imposición y pide libertad, también para que los padres gallegos que quieren enseñanza en gallego puedan hacer efectivo ese derecho que tienen.