El jueves 26 de junio aparecía en sus páginas una información acerca de la fianza impuesta a mi hermana embarazada de 7 meses y medio para acceder a su libertad condicional, tras su detención y encarcelamiento el pasado 29 de enero, junto con el resto de mi familia, por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Acertadamente se informaba de la cuantía de esa fianza (500.000 euros) y se mencionaba lo excepcional y poco frecuente de una fianza de tamaña magnitud en Galicia. También se decía que esa fianza había sido impuesta hacía "algo más de una semana" y que mi familia "todavía no ha sido capaz de reunir el dinero". Ambas afirmaciones son incorrectas. Lo cierto es que la fecha en la que se impuso esta fianza fue muy anterior, el día 3 de junio. Además, la capacidad de reunir esta cantidad de dinero se escapa totalmente a la realidad, por haber sido intervenidos por el juzgado todos los bienes y el patrimonio de la familia. Siendo así, carecemos siquiera de la posibilidad de endeudamiento, ni de vender, hipotecar o pedir a los bancos un aval, por lo tanto no podemos pagar esta fianza. En el momento de la detención se acusó a mi padre de integrante o cabecilla de una red de narcotraficantes, con gran insistencia y repercusión en la prensa. Esta acusación ha demostrado posteriormente ser falsa (tras la apertura del sumario del caso de narcotráfico, así como por los resultados de la investigación a que mi padre fue sometido desde 2006). La animosidad existente contra mi padre y la insistencia en adjudicarle el estigma de "histórico narcotraficante" no están en absoluto justificadas, y están siendo pagadas de forma desmesurada por toda mi familia, como lo demuestra el hecho de que se haya impuesto a mi hermana una fianza impagable cuando se encuentra en una circunstancia tan delicada y psicológicamente sensible como el hecho de tener que dar a luz en la cárcel. Y tener que volver luego a ella con el bebé. Y todo ello sin mediar juicio. Téngase en cuenta que el supuesto delito de blanqueo de que se nos acusa tiene unas penas que van de 2 a 6 años. Además, es necesario demostrar la ilícita procedencia del dinero. En el caso de mi hermana, ella no tiene ningún tipo de antecedente ni ha pisado nunca una comisaría de policía, es una persona normal que llevaba una vida normal a cargo de su negocio y de su familia y lo único de que se le acusa es de ser "una mera marioneta que acudía a los notarios a firmar a requerimiento de su padre, no poniendo ningún inconveniente". Otras personas acusadas de delitos más graves están en la calle antes y con fianzas razonables, como venimos viendo continuamente. Además, si realmente entra en la cabeza de alguien la posibilidad de que se quiera "escapar del país para eludir la acción de la justicia", para eso existen medidas cautelares apropiadas que se podrían dictar (como la retirada del pasaporte, obligación de presentarse incluso diariamente, pulseras localizadoras, etc.). Lo mismo se puede decir acerca de mi madre, de mi hermano y de mí. Lo que no es de recibo es que se estén cebando de esta manera, haciendo pagar de esta forma tan exagerada a toda una familia las supuestas faltas que se le quieren imputar al cabeza de familia. La falta de objetividad y de proporcionalidad en relación con este caso han sido durante estos 5 meses la norma general. El deseo de mi familia es que llegue el momento en que se abra el secreto de sumario, para que se valoren hechos concretos y no tengamos que seguir luchando con el fantasma del desconocimiento y de la alarma social, así como con el afán de prolongar una acción judicial que viene demostrándose como desmesurada.