Viticultores de Rías Baixas reclaman investigación por precios y condiciones de compra en la vendimia

La vendimia ya está en marcha en la Denominación de Origen Rías Baixas. Una semana después de que comenzaran las primeras entradas de uva en las bodega y mientras nuevas empresas se siguen incorporando estos días a la campaña, la recolección arranca marcada por la preocupación de parte de los viticultores ante los precios y, especialmente, por las condiciones de compra comunicadas por algunas bodegas.

Los productores han decidido dirigirse a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), a la Consellería do Medio Rural y al Consello Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas para solicitar una investigación sobre las condiciones de la campaña. En concreto, reclaman que se determine si el precio anunciado por alguna bodega de 1,37 euros por kilo cumple con la normativa de la cadena alimentaria y si es legal que, en determinados casos, limiten al 50 % de la producción contratada la cantidad de uva que finalmente recogerán.

Según explican los viticultores, en las reuniones mantenidas con algunas empresas antes del inicio de la vendimia se les comunicaron las condiciones económicas de la campaña. En determinados casos, el precio fijado sería de 1,37 euros por kilo, pero la bodega únicamente recogería la mitad de la producción correspondiente al cupo asignado a cada productor.

El efecto práctico de esta medida es especialmente relevante. Un viticultor que pueda producir hasta 12.000 kilos por hectárea, solo podría entregar 6.000 kilos, mientras que los otros 6.000 quedarían sin recoger por parte de esa bodega.

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Los productores consideran que la situación no puede valorarse únicamente a partir del precio anunciado por kilo. A su juicio, es necesario tener en cuenta los costes reales que afrontan durante todo el año para mantener una explotación vitícola. «El cultivo de la vid tiene unos costes de producción que se soportan por hectárea, con independencia de que finalmente se comercialice toda la uva o solo una parte», explican.

Sitúan esos gastos en torno a 18.000 euros por hectárea, incluyendo los diferentes trabajos, tratamientos y gastos necesarios para mantener las explotaciones y producir la uva.

Por ello, advierten de que la limitación de las compras altera de forma sustancial la rentabilidad real de la actividad. «Si la bodega solo adquiere el 50% de la producción, el productor continúa soportando prácticamente la totalidad de los costes de cultivo, pero obtiene ingresos únicamente por la mitad de la uva producida», señalan.

En consecuencia, «el coste efectivo por kilogramo realmente comercializado no es el mismo que el coste calculado sobre el total de la producción de la hectárea, sino que se incrementa de manera muy significativa».

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Desde esta perspectiva, consideran que «no debería presentarse el precio de 1,37 euros por kilo como si este fuese, por sí solo, el precio que garantiza el coste de producción del viticultor, sin analizar previamente el efecto económico que produce la decisión de limitar la compra al 50 % de la producción».

Los productores alertan de que esta situación «puede provocar pérdidas de varios miles de euros por hectárea y comprometer gravemente la viabilidad económica de las explotaciones vitícolas».

Reclaman comprobar los contratos

Los viticultores ponen el foco en la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que establece que el precio percibido por el productor primario debe ser superior a su coste efectivo de producción, teniendo en cuenta los costes asumidos para desarrollar la actividad.

Por ello, reclaman a las administraciones competentes que determinen «si las condiciones comunicadas a los viticultores son compatibles con la normativa aplicable» y, especialmente, «si el precio de 1,37 euros por kilo cubre realmente el coste efectivo de producción de los viticultores afectados».

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También quieren que se compruebe «si la limitación de la compra al 50% de la producción contratada o correspondiente al cupo está prevista en los contratos o fue comunicada posteriormente» y qué tratamiento recibirá «la uva que no sea recogida».

La investigación debería determinar asimismo «si existe alguna compensación económica por los costes soportados por el productor sobre la parte de la producción que finalmente no sea adquirida» y si «los contratos alimentarios formalizados con los productores cumplen todos los requisitos establecidos por la normativa».

Los productores piden además comprobar «si las condiciones comunicadas pueden suponer, directa o indirectamente, un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria» y que se investigue «si esta práctica se está produciendo de manera generalizada en la DO Rías Baixas».

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Los viticultores quieren dejar claro que su reclamación no pretende una intervención administrativa sobre el mercado. «No pretendemos que las administraciones fijen artificialmente el precio de la uva ni que interfieran en el funcionamiento normal del mercado», manifiestan. Sin embargo, consideran que «el funcionamiento del mercado no puede implicar que el productor primario soporte unas pérdidas que hagan económicamente inviable su explotación».

La preocupación se extiende también al futuro de las explotaciones y al relevo generacional. «No es razonable hablar permanentemente de sostenibilidad, protección del territorio, relevo generacional, defensa del medio rural y futuro de las denominaciones de origen si, al mismo tiempo, se permite que el agricultor que mantiene la viña durante todo el año se quede sin salida comercial para una parte sustancial de su producción y soporte igualmente la práctica totalidad de los costes», sostienen.

En este sentido, consideran que la sostenibilidad de la DO no puede medirse únicamente por la calidad del vino o por la capacidad de promoción de sus marcas: «También debe existir sostenibilidad económica para quien produce la uva». Y advierten: «Una viña abandonada porque deja de ser rentable también es una pérdida para toda la DO Rías Baixas, para el territorio y para el propio sector vitivinícola».

SLG

La situación también está siendo trasladada por el Sindicato Labrego Galego (SLG) a los ayuntamientos de los municipios con viñedos incluidos en dicha marca. La organización sindical está manteniendo reuniones con alcaldes para reclamar medidas urgentes ante la situación del sector.

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Según explicó el coordinador comarcal del SLG, Manuel González, el objetivo de estos encuentros es «trasladar la necesidad de implementar medidas urgentes para revertir la situación crítica que vive el sector vitícola».

En la reunión mantenida ya con los regidores de Salvaterra de Miño, Ponteareas, Crecente, As Neves, Arbo, A Cañiza, Salceda de Caselas, Tomiño y O Rosal, el sindicato presentó el paquete de medidas que ya ha trasladado por escrito, tales como que los municipios se posicionen públicamente «en defensa firme del sector vitícola local», poniendo en valor su peso económico y su contribución a frenar el despoblamiento rural.

El SLG reclama además a la Consellería do Medio Rural que ejecute «de forma inmediata el establecimiento del coste de producción oficial aprobado por unanimidad en el pleno del Consello Regulador del 19 de junio», con el objetivo de que «ningún kilo de uva se pague por debajo de ese valor».

La organización pone también el foco en las bodegas que cuentan con el sello Galicia Calidade y a las que atribuye un papel relevante en la evolución a la baja del valor de la uva. Reclama que estas empresas «se impliquen directamente en la protección de las pequeñas explotaciones vitícolas y en la defensa de un precio digno para el sector primario».

Asimismo, como hizo Unións Agrarias, plantea que «ninguna bodega que pague la uva por debajo de los costes de producción reciba ayudas públicas», incluyendo su exclusión de líneas de crédito en las que se bonifican los intereses destinados a la compra de uva.

El sindicato anunció igualmente que ofrecerá asesoramiento a los productores que consideren que se han visto perjudicados por los precios de la uva y que continuará presionando a las administraciones para conseguir respuestas, sin descartar «posibles movilizaciones en las próximas semanas» si no se producen avances efectivos.

Así, la vendimia de 2026 en Rías Baixas, que avanza estos días con la incorporación progresiva de nuevas bodegas, queda marcada no solo por las excelentes previsiones de producción y la evolución de la uva, sino también por un conflicto creciente en torno al precio y las condiciones de compra. Los viticultores reclaman que la campaña garantice la rentabilidad de quienes sostienen los viñedos durante todo el año y advierten de que el futuro de la DO pasa por asegurar la viabilidad económica de sus explotaciones.

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