La protesta por la chatarra en Cea termina con tensión entre gestores y vecinos

La concentración contra el punto de chatarra de Aldea de Arriba, en Cea, vivió momentos de tensión cuando los más de veinte vecinos reunidos en la calle Sargento Solla se encontraron con la llegada de varias personas que gestionan el punto. El cruce de reproches fue en aumento y los recién llegados trataron incluso de impedir el trabajo de la prensa allí presente con una actitud amenazante.

Los residentes habían convocado la movilización para exigir el cierre y desmantelamiento de una chatarrería que, según confirma el Concello de Vilagarcía, carece de licencia de apertura. La instalación se encuentra cerca del campo de Os Estrelos, junto al acceso a la carretera de O Pousadoiro y a la AP-9.

Los afectados denuncian problemas de salubridad, seguridad y movilidad y aseguran que la acumulación de materiales invade la calzada. «Desde que ardió la caseta que tienen allí hace cuatro años, trabajan en medio de la carretera. Hay tanta chatarra que no se puede pasar con el coche», relató una participante.

Los vecinos sitúan las horas de mayor movimiento entre las 8.00 y las 11.30, cuando afirman que se congregan numerosas furgonetas. Cuestionan que se desarrolle una actividad económica en suelo rústico y que se ocupe una vía pública. «Allí no vive nadie desde que se marchó una señora que ocupaba la casa. Ahora es un punto de compraventa de chatarra en condiciones insalubres, sin agua ni baños», señaló otra residente.

También alertan de la presencia de hierros, cristales y otros desperdicios en la zona de paso que, según indican, provocan pinchazos en los neumáticos. Para evitar daños, algunos conductores optan por rodear Aldea de Arriba antes de incorporarse a la carretera general.

A este problema suman el estado de los contenedores del núcleo, donde aseguran que aparecen lavadoras, neveras y otros objetos voluminosos. «No tenemos ni dónde depositar la basura», lamentaron durante la concentración. Los residentes sostienen que los terrenos pertenecen a la Xunta y reprochan que permanezcan «sin limpiar ni cuidar». En una inspección anterior se documentó, además, la presencia de baterías de vehículos y bombonas de butano.

Dieciocho denuncias del Seprona

El Concello asegura ser «plenamente consciente» de las molestias y los peligros y sostiene que lleva años reclamando una actuación a la Xunta, administración competente para autorizar actividades en suelo rústico. El expediente de infracción urbanística está abierto desde 2022 y, tras una denuncia municipal en julio de 2025, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística inspeccionó el recinto en mayo. A finales de julio, la APLU trasladó las actuaciones a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático por razón de competencia.

Ravella asegura que ha remitido informes de la Oficina Técnica y atestados de la Policía Local a los organismos que podrían intervenir. Transportes respondió que la parcela está fuera de las zonas de protección de la Red de Carreteras del Estado, mientras el Concello recalca que nunca se presentó una solicitud de licencia de apertura.

La presión aumentó después de que el ejecutivo local conociese que el Seprona de la Guardia Civil llegó a tramitar hasta dieciocho denuncias contra los responsables de la actividad. El alcalde, Alberto Varela, se reunirá en septiembre con la presidenta de la APLU, Victoria Núñez, para reclamar el cierre y desmantelamiento de las instalaciones.

Los vecinos exigen que los expedientes, informes y derivaciones entre organismos se traduzcan, por fin, en medidas concretas. Tras años de quejas y una concentración marcada por la tensión, reclaman recuperar la seguridad, la salubridad y la normalidad en el que constituye uno de los principales accesos al núcleo.

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