El SLG denuncia contratos de uva «a precios reducidos y muy alejados del coste»

Conforme se acerca la vendimia, que viene algo adelantada, los temores por un bajo precio de la uva empiezan a acompañarse de hechos. El Sindicato Labrego Galego (SLG) denuncia que se están ofreciendo contratos a «precios reducidos y muy alejados del coste de producción estimado» y exige a la Xunta una serie de medidas «urgentes» que garanticen el cumplimiento de la ley. Para ello recabará el apoyo de los alcaldes de los Concellos del territorio de la DO Rías Baixas, a los que ha pedido reuniones, y en caso de no dar frutos, advierten de una intensificación de las movilizaciones.

Según los cálculos que les trasladan «diversos viticultores», el coste es de 1,52 euros por kilo. De hecho, indica que el consejo regulador acordó trasladar esto a la Xunta para su oficialización, pero «el gobierno gallego sigue sin establecer un precio de referencia», lamentan desde la organización que tiene dos vocales en el pleno.

Es más, apunta que otro indicador habitual es el empleado por Agroseguro en la valoración de siniestros y este se «actualizó recientemente» a 1,40 euros por kilo, también a petición del órgano.

Sin embargo, alerta de que están detectando ofrecimientos de «precios reducidos y muy alejados» de estas cantidades, lo que pone al sector en una «grave situación». Todo por una situación de desequilibrio que vienen denunciando esta y otras organizaciones, entre la producción disponible y las necesidades de compra de las bodegas. De hecho, algunas cifran entre cuatro y cinco millones los kilos que van a quedar en los viñedos.

Así las cosas, durante una asamblea celebrada recientemente, y a la que acudieron «más de 60 viticultores», se acordaron «cuatro reivindicaciones fundamentales». Por un lado, recuerdan que el pago por debajo de coste contraviene la Ley de la Cadena Alimentaria, así que piden a la Consellería do Medio Rural que condicione las subvenciones a las bodegas que cumplan la legislación y que excluya a las que paguen por debajo o incurran en prácticas fraudulentas.

También solicitan que se limiten las nuevas plantaciones de manera temporal, «hasta que el sector recupere el equilibrio»; «mantener y reforzar el control de la producción máxima, actualmente fijada en 1.200 kilos por cada mil metros, mediante el sistema de tarjetas», y una vigilancia más intensiva para «impedir la entrada de uva y mosto» de zonas ajenas a la DO.

Si esta situación continúa, «muchas pequeñas explotaciones se verán obligadas a abandonar la actividad, con el consiguiente impacto económico, social y ambiental». Como recuerda el propio SLG, son las mismas que originaron el nacimiento de este sello que, actualmente, vive un «modelo que favorece intereses ajenos al territorio. El nombre de la zona acaba beneficiando a empresas ajenas, mientras que se pone en riesgo a las explotaciones que construyeron el prestigio de la DO», incidió Rosario Domínguez, viticultora y coordinadora de la organización en Baixo Miño.

La movilización en esta subzona no es única, hace días que se escucha esta alerta y hubo una protesta el domingo de la Festa do Albariño de Cambados, dada la presencia de altos mandatarios.

El SLG también aprovecha para pedir que se recupere «la diferenciación de la calidad» de las comarcas de Condado y O Rosal respecto a O Salnés, por las características de su uva en cuanto «a acidez y aromas», y propone crear un mapa que distinga estas cuestiones, poniendo en «valor las características propias de cada una de las distintas comarcas y contribuir a una mejor valorización del producto».

BNG en el Parlamento

Ahora espera que los alcaldes atiendan su petición y trasladen a la Xunta sus reclamaciones.

Por lo pronto, el grupo parlamentario del BNG ha presentado una serie de iniciativas, reclamando que actúe de «urgencia» porque «muchas familias de O Salnés están viviendo con miedo», asegura su diputada Montse Prado, acusando a Medio Rural de dejar «solos» a los viticultores «frente a las presiones del mercado».

Asimismo, se quejó de que «es un problema estructural que obedece a la falta de medidas de planificación y regulación real del mercado» y a la «pasividad de la Xunta», a la que pide que «deje de actuar como mero espectador. Tiene que asumir su responsabilidad de garantizar un sector vitivinícola fuerte, justo y sostenible».

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