La Casa Jaureguízar empieza a caerse mientras se eterniza la disputa entre Xunta y Concello por su reforma

La Casa Jaureguízar de Vilagarcía ya ha empezado a caerse. El tejado presentaba desde hace años un estado delicado y finalmente ha sucumbido, derrumbándose una parte y quedando otras con hundimientos visibles que, tarde o temprano, tendrán el mismo final.

No hace falta ser experto para saber que la ruina de un edificio se acelera cuando pierde la cubierta porque es la principal barrera de protección de toda la estructura: frena la entrada de agua y humedad, además de ser un soporte para los muros. Pero su rehabilitación sigue sumida en la disputa que se libra en los despachos sobre su grado de protección y, por tanto, el cómo y hasta dónde se puede reformar y derribar.

Aunque ahora la intervención cobra más urgencia, desde Ravella insisten en que siguen con las manos atadas por las negativas de la Dirección Xeral de Patrimonio a sus intentos para ejecutar el proyecto de rehabilitación que presentaron hace cinco años.

La última comunicación fue a principios de julio y todavía no han obtenido respuesta, así que van a esperar un «tiempo prudencial» antes de adoptar otras medidas, pero «se hará con diligencia para evitar que siga demorándose», prometen.

Por tanto, tampoco se contemplan medidas paliativas para este edificio que se encuentra en pleno centro de la ciudad, dando una imagen bastante lamentable en general, pues hace años que entró en declive. De hecho, un informe técnico hablaba de patologías y graves problemas de humedades que incluso recomendaban su demolición total.

Ravella siempre se ha comprometido a mantener elementos que se consideran icónicos y por eso pidió la declaración de ruina técnica, para abordar el derribo solo de algunas partes. Sin embargo, Patrimonio le informó a finales de 2025 que rechazaba su propuesta considerando que existen soluciones en el mercado que permiten resolver estas problemáticas.

Lo más reciente, la última batalla administrativa que está librando el Concello de Vilagarcía, tiene que ver con el cambio en la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia que entró en vigor unos meses después y que elimina la obligación de solicitar autorización previa de la Xunta en bienes con baja protección, de tipo ambiental y estructural, que no tengan protección integral.

A esto se agarra Ravella como clavo ardiendo, aunque sus técnicos ya nunca consideraron como relevante su porte, teniendo en cuenta que se trata de un inmueble construido en 1951, con un diseño inspirado en la arquitectura tradicional vasca, y como única pega veían la proximidad con un edificio modernista singular.

Pero sobre todo, lo que le reprocharon hace tres semanas a Patrimonio es que ha entrado en «total contradicción». Porque si en su negativa a la declaración de ruina le exigían conservar las características ambientales de su envolvente, ahora, según Ravella, en su última respuesta, concluyen que «no cuenta con un nivel de protección ‘estructural’ o ‘ambiental’, por lo que cualquier intervención debe ser autorizada por la Consellería».

Y con esto, y el hecho de que los diferentes grados de protección contemplados en el PXOM de Vilagarcía son coincidentes con los de la ley autonómica, el Ejecutivo de Alberto Varela considera que sus intenciones están «legalmente motivadas» y en caso de recibir otra negativa no descarta acudir a los tribunales para defenderlo.

Cabe recordar que compró este bien al Plan Nacional sobre Drogas por un precio imbatible de algo más de 170.000 euros y para convertirlo en un centro social dirigido a personas mayores. Muy lejos de los 900.000 euros que, según la investigación policial y judicial, pagó en su día una sociedad vinculada al narcotraficante Marcial Dorado a sus propietarios, una familia de contratistas vascos asentada en Galicia.

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