Bello Maneiro lamenta el proceder de Audasa y la Diputación con la AP-9

Después de que FARO DE VIGO desvelara que Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que el Concello de Valga giró a Audasa por la autopista AP-9, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2023, el alcalde conservador de la localidad, José María Bello Maneiro, responsabiliza a la Diputación de Pontevedra y asegura que no va a «rendirse».

Muy por el contrario, avanza que su gobierno presentará recurso judicial y que, aun siendo «un municipio pequeño y rural», Valga «no va a agachar la cabeza». Y, desde luego, «no permitiremos que nadie se burle de nosotros, por lo que este equipo de gobierno seguirá defendiendo los intereses de los vecinos, pese a quién le pese».

Hay que recordar que el TSXG estima el recurso presentado por la Audasa y concluye que el Ayuntamiento no era competente para practicar ese cobro, puesto que tenía delegadas las facultades de gestión y recaudación del tributo en la Diputación de Pontevedra.

La sentencia revoca así la resolución previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, que sí había avalado la actuación municipal y desestimado el recurso de Audasa.

El origen de la controversia está en la finalización, el 18 de agosto de 2023, de la bonificación del 95% de la que disfrutaba la concesionaria desde el otorgamiento de la concesión estatal en 1973. El Concello entendió que, una vez extinguida esa ventaja fiscal, debía exigir a la empresa la parte del impuesto correspondiente desde el 19 de agosto hasta final de año.

Audasa recurrió la liquidación alegando que los beneficios fiscales del IBI no podían modificarse o prorratearse dentro de un mismo ejercicio, ya que el impuesto se determina conforme a la situación existente el 1 de enero. También sostuvo que el Concello carecía de atribuciones para emitir el recibo porque Valga había delegado la gestión tributaria en el Organismo de Recaudación Local de la Diputación, el ORAL.

El TSXG señala que, mientras el convenio de delegación se mantenga vigente, el Concello conserva la titularidad del impuesto, pero no puede ejercer las facultades de gestión y liquidación que ha cedido al ente provincial.

El Tribunal advierte, además, de la existencia de actuaciones de la Diputación sobre el mismo inmueble, el mismo tributo y el mismo ejercicio. Esa situación revelaría una duplicidad de liquidaciones. Los magistrados consideran por ello que el acto municipal incurre en una causa de «nulidad radical» por haber sido dictado por un órgano incompetente.

Es esto lo que lleva a Bello Maneiro a decir que su Ayuntamiento «comunicó en 2024 a la Diputación que iba a girar a Audasa la liquidación del IBI porque, en un primer momento, la Diputación no atendió la petición para presentar esa reclamación».

Si el Concello de Valga se vio obligado a tomar la iniciativa porque las Diputaciones de Pontevedra y A Coruña no fueron capaces de hacerlo, lamentablemente

José María Bello Maneiro

— Alcalde de Valga

Cuando se produjo la sentencia inicial, favorable al Ayuntamiento, y «efectivamente cobramos los 59.284,40 euros reclamados, fue cuando la Diputación decidió reclamar las cantidades correspondientes a todos los municipios de la provincia, incluido Valga».

Entiende, por tanto, que «la actuación de la Diputación no fue la adecuada, al incluir también a Valga en su reclamación, ya que eso fue precisamente lo que aprovechó Audasa para recurrir ante el TSXG».

Ya lo sabía

Remarca el regidor que «cuando la Diputación presentó su reclamación, ya tenía constancia de que Valga había ganado la sentencia y había cobrado las cantidades reclamadas», por lo que entiende que «lo que debía haber hecho era reclamar únicamente lo correspondiente al resto de municipios y no lo de Valga».

Sea como fuere, «ya estamos en contacto con los asesores jurídicos para presentar un recurso de casación, ya que la sentencia no entra en absoluto en el fondo de la cuestión, es decir, en si el Concello tiene o no derecho a percibir esos atrasos, y si el Concello de Valga se vio obligado a tomar la iniciativa porque las Diputaciones de Pontevedra y A Coruña no fueron capaces de hacerlo, lamentablemente».

Abundando en ello, Bello Maneiro manifiesta que «Audasa lleva años beneficiándose de condiciones especiales e injustas, como la bonificación del IBI, obteniendo beneficios extraordinarios a costa de todos los vecinos de Valga y de todos los gallegos, por eso vamos a intentar que no continúe aprovechándose de esa posición de privilegio».

Gerencia del Catastro

También quiere dejar constancia de que «desde el año 2008 no se ha actualizado la valoración catastral de los terrenos afectados por la AP-9, lo que supone que los ingresos de los ayuntamientos podrían prácticamente duplicarse si se tiene en cuenta el incremento general del coste de la vida, y esta cuestión, que depende de la Gerencia del Catastro de A Coruña, constituye otra de las reivindicaciones del Concello».

Lo que ocurre es que «parece que la Gerencia del Catastro de A Coruña está actuando en colaboración con Autopistas porque, desde 2024, ya hemos presentado varias reclamaciones y siguen sin hacer nada».

José María Bello Maneiro termina diciendo que «tienen la obligación de revisar esos valores, pero da la sensación de que existe una connivencia con Audasa para perjudicar a los ayuntamientos y limitar sus ingresos, favoreciendo así los millonarios beneficios de la concesionaria de la AP-9».

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